Redacción: Anii Segrera
Desde el mes de septiembre, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento ha sido suspendido, afectando a más de 150 mil estudiantes en colegios adscritos a la Secretaría de Educación Departamental. La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación fiscal para esclarecer presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del programa.
El caso ha puesto nuevamente en el centro de la discusión a Nizay Cuesta y al coordinador Iván Aguirre, quienes han calificado de infundadas y tendenciosas las acusaciones presentadas en su contra por parte de la Veeduría PAE. Según esta entidad, los problemas en la contratación y ejecución del PAE se remontan a mediados de año, situación que ha generado preocupación en la comunidad educativa y ha motivado la intervención de los entes de control.
De acuerdo con el organismo de control, las presuntas irregularidades deben ser aclaradas por la administración departamental del gobernador Rafael Martínez. La suspensión del programa mantiene en incertidumbre la continuidad del servicio de alimentación, esencial para miles de estudiantes en el departamento.
La Contraloría avanza en las investigaciones para determinar las responsabilidades en posibles faltas de transparencia, mientras se espera que la administración presente soluciones para reactivar el servicio lo antes posible y asegurar el derecho a la alimentación de los estudiantes.
