La solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras busca garantizar la protección de comunidades arhuacas afectadas por la violencia en Cerro Azul, Aracataca, mediante medidas cautelares orientadas a salvaguardar sus derechos, su territorio y sus sitios sagrados.
El Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió para trámite la solicitud de medidas cautelares preventivas presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) con el propósito de proteger a cuatro comunidades del pueblo Arhuaco asentadas en el corregimiento de Cerro Azul, jurisdicción del municipio de Aracataca, Magdalena.
La actuación judicial favorece a los asentamientos Seynurwa, Duanawimaku, Serankwa y Jechikin, que, según la URT, resultaron gravemente afectados por los hechos de violencia registrados en marzo de 2026. Durante esa confrontación armada se reportaron personas heridas, restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamiento forzado, situaciones que impactaron la seguridad y el ejercicio de los derechos colectivos de estas comunidades indígenas.
Buscan proteger la vida, el territorio y los sitios sagrados
El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Magdalena, José Humberto Torres, explicó que la entidad solicitó la intervención de la justicia especializada luego del trabajo de caracterización adelantado con las comunidades arhuacas en su territorio ancestral.
De acuerdo con el funcionario, la petición tiene como finalidad proteger la vida e integridad de los habitantes, así como preservar el territorio y los sitios sagrados que hacen parte de su identidad cultural. La URT señaló que las afectaciones estarían relacionadas con los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que disputan el control de la zona.
Como parte del proceso, fueron presentadas 35 medidas cautelares dirigidas a diferentes entidades del Estado. Entre ellas se encuentran solicitudes para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúe el nivel de riesgo de líderes, autoridades y miembros de las comunidades, mientras que la Unidad para las Víctimas deberá analizar la adopción de acciones orientadas a su protección y atención.
El juzgado recopilará información antes de decidir
El despacho judicial también ordenó vincular a entidades nacionales, departamentales y municipales con el fin de recopilar información que permita establecer el alcance de las afectaciones denunciadas. Asimismo, solicitó a la Unidad de Restitución de Tierras precisar cuántas familias permanecen en situación de desplazamiento o confinamiento y dónde se encuentran actualmente.
Esta etapa permitirá al juzgado contar con mayores elementos de juicio antes de adoptar una decisión definitiva sobre las medidas cautelares solicitadas para garantizar los derechos étnico-territoriales del pueblo Arhuaco.
Paralelamente, la URT informó que ya radicó dos demandas de restitución que beneficiarían a cerca de 150 familias arhuacas y permitirían avanzar en el restablecimiento de más de 16.000 hectáreas correspondientes a los asentamientos Seynurwa y Singuney, en la Sierra Nevada. Con estas acciones, la entidad completa 12 demandas presentadas desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas en favor de comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.
