Más de 300 familias campesinas de Palmor, en Ciénaga (Magdalena), solicitaron la intervención del Gobierno Nacional al asegurar que procesos relacionados con tierras ponen en riesgo sus predios y la producción cafetera de la Sierra Nevada.
Un grupo de 300 familias cafeteras de Palmor, corregimiento de Ciénaga, Magdalena, hizo pública una denuncia en la que asegura estar enfrentando un proceso que podría afectar la permanencia de sus predios en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los campesinos afirman que las actuaciones adelantadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han derivado en demandas judiciales y medidas cautelares que, según sostienen, ponen en riesgo el patrimonio construido por varias generaciones.
En el pronunciamiento, los habitantes aseguran que durante décadas han ocupado y trabajado las tierras donde desarrollan la producción cafetera, pagando impuestos y conservando documentos que, según indican, respaldan la propiedad de sus predios. No obstante, manifiestan que actualmente enfrentan procesos judiciales relacionados con reclamaciones territoriales que consideran injustas.
Campesinos cuestionan la actuación de las entidades
Las familias sostienen que la ANT no ha dado respuesta oportuna a sus solicitudes ni ha adelantado procesos de formalización de la propiedad rural en la zona. Asimismo, expresan su inconformidad con las actuaciones de la URT, al considerar que las demandas presentadas contienen afirmaciones que rechazan, entre ellas señalamientos relacionados con presuntos despojos y actividades ilícitas.
Los voceros aseguran que no se oponen a los procesos de reparación de comunidades indígenas ni al reconocimiento de sus derechos, pero piden que las decisiones de las autoridades se adopten con garantías para todas las partes involucradas y con una revisión integral de cada caso.
En la denuncia también se incluyen testimonios de adultos mayores, viudas y menores de edad, quienes expresan su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que, según indican, podrían derivarse de las medidas judiciales sobre sus fincas cafeteras.
Solicitan investigaciones y una comisión institucional
Las familias hicieron un llamado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de Estado y demás organismos de control para que revisen las actuaciones relacionadas con los procesos en Palmor.
Entre sus peticiones figura la conformación de una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, representantes de la Iglesia, organismos internacionales y congresistas, con el propósito de verificar en terreno la situación de los predios y escuchar a las comunidades.
Los campesinos también solicitaron que los jueces analicen cada expediente con base en pruebas documentales y visitas al territorio antes de adoptar decisiones definitivas.
Hasta el momento, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos contenidos en esta denuncia.
