Las Juntas de Acción Comunal y Cafeteros Ancestrales denuncian afectaciones a 151 familias y 600 niños tras la demanda de la URT por más de 6.000 hectáreas en Palmor, Magdalena.
Las Juntas de Acción Comunal de Palmor y la Asociación de Cafeteros Ancestrales elevaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que consideran una amenaza de despojo sobre 151 familias campesinas del corregimiento de Palmor, en jurisdicción de Ciénaga, Magdalena.
La controversia se originó tras la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) dentro del expediente 470013121002-2025-00042-00, relacionada con el reconocimiento de derechos étnico-territoriales del pueblo Kogui sobre más de 6.000 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los líderes comunales aseguran que el proceso judicial no incluye el reconocimiento de las familias cafeteras que habitan y trabajan en la zona desde hace varias generaciones. Según el comunicado difundido por las organizaciones, la situación ha generado temor entre los habitantes y preocupación por el futuro de sus viviendas y cultivos de café.
La URT, por su parte, sostuvo recientemente que la demanda no solicita desalojos y que será el juez competente quien tome una decisión definitiva dentro del proceso. El director territorial de la entidad para Magdalena y Atlántico también cuestionó las versiones divulgadas en algunos medios y redes sociales, señalando que se ha difundido un “relato falso” sobre el alcance de la acción judicial.
Campesinos anuncian acciones judiciales
Las JAC de Palmor rechazaron esas declaraciones y defendieron el trabajo de los periodistas que han informado sobre la situación. Además, anunciaron la interposición de una tutela colectiva en defensa de los derechos de los niños de la comunidad, así como denuncias ante organismos nacionales e internacionales.
Entre las solicitudes planteadas al Gobierno Nacional se encuentran la suspensión de la Resolución RGE 744 de 2023, una revisión integral del proceso de restitución y la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales para la población del corregimiento.
Las organizaciones campesinas advirtieron que continuarán con movilizaciones y acciones jurídicas si no se abren espacios de concertación que permitan garantizar la permanencia de las familias cafeteras en el territorio.
El caso de Palmor se ha convertido en uno de los debates más sensibles sobre restitución de tierras, derechos étnicos y protección de comunidades campesinas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
