Investigaciones penales y disciplinarias tienen a cuestas los ternados del movimiento Fuerza Ciudadana.
Por: Lina María Peña Peña
@linnammaria
Cuando de manera extraoficial se conoció que el Gobierno iba a designar a un funcionario del orden nacional para reemplazar a Rafael Martínez, de forma apresurada Fuerza Ciudadana mandó un oficio a la presidencia dando a conocer los nombre que debían tenerse en cuenta para ser analizados y estudiados para que de allí saliera el designado, aduciendo que así lo determinaba la ley.
Frente a lo anterior hay que decir que efectivamente de acuerdo a la legislación colombiana, la designación del reemplazo ocurre por terna enviada por el comite inscriptor del movimiento del Alcalde titular, sin embargo la premura de dicho comite obvio ciertos aspectos que bien puede dar al traste con el tramite de la designación y que de forma legal el presidente puede objetar la terna presentada para tales efectos.
Las tres personas que fueron ternadas son: Ingres Mirelda Padilla, Adolfo Torné Stuwe y Luis Guillermo Rubio, todos miembros activos del movimiento Fuerza Ciudadana y además dos de ellos son actualmente funcionarios de la administración Distrital
Lo primero que hay que señalar es que estas tres personas eran asiduos participantes de las audiencias que se llevaban a cabo en contra de Carlos Caicedo (lider de Fuerza Ciudadana) por presuntos hechos de corrupción en su administración, también eran vistos en las audiencias que se le seguían al Alcalde Rafael Martínez, pues bien, por estos hechos la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Provincial del Magdalena, iniciaron unas indagaciones preliminares por presuntas faltas disciplinarias, toda vez que al parecer se habría presentado una falta de atención al público al interior de la Alcaldía, pues no se atendieron a quienes iban a solicitar los servicios en la administración Distrital.
Pero si lo anterior de por sí es bastante delicado, es preciso individualizar las investigaciones que enfrentan en los actuales momentos los ternados por fuerza ciudadana, valga anticipar que son delitos que van desde participación en política hasta por hechos por presunta corrupción.
Adolfo Torné (Director Juridico)
En la actualidad tiene una investigación y esta llamado por la fiscalía en Santa Marta para que responda o aclare los hechos sobre presuntas situaciones de corrupción que se habrían presentado en la obra denominada “Megabiblioteca” que en la actualidad no ha sido entregada y que tiene un retraso de mas de 3 años y ha sido cuestionada por sobrecostos.
Luis Guillermo Rubio (Gerente Sistema Estratégico de transporte, SETP)
El señor Rubio ha estado participando tanto en los gobiernos de Caicedo como de Martínez, en la actualidad tiene una indagación preliminar por presunta participación en política. Según la Procuraduría General de la Nación, Rubio habría generado acciones para favorecer políticamente a Gustavo Petro (Carlos Caicedo) en medio de la campaña presidencial de 2018.
Ingris Mirelda Padilla (Exsecretaria General, Exsecretaria de Educación y de Promoción Social)
La exfuncionaria también ha sido participe de los gobiernos del ex alcalde Carlos Caicedo y Rafael Martínez, su situación se encuentra cuestionada por las investigaciones que cursan en su contra por hechos relacionados por presuntos actos de corrupción.
La fiscalía la vinculó al caso de la “Megabiblioteca” y además por el escándalo de la contratación con el almacén llamado el “manicomio” de los precios, donde al parecer se entregaban prendas por la supuesta dotación para el personal administrativo de la Alcaldía y las mismas eran de unos valores exorbitantes.
Los delitos por los que la Fiscalía seccional del Magdalena investiga a la señora Padilla, en ambos casos es por el delito de Celebración de contrato sin el lleno de requisitos. Según la información que ha suministrado la Fiscalía la ex funcionaria Ingris Padilla en el caso del Manicomio de los precios, esta ad portas de una imputación por este caso, la audiencia ha tenido que ser aplazada, debido a la falta de coordinación del centro de servicios donde llaman a algunos indiciados y a otros no.
Dentro de las investigaciones de esta terna nos encontramos que Ingris Padilla, también sus cuentas le fueron embargadas por parte de la contraloría general de la nación como medida cautelar, en un proceso que se le sigue por irregularidades en la contratación del PAE en Santa Marta.
Con este panorama judicial bastante desolador, le corresponderá a la oficina de la presidencia de la República analizar la conveniencia o no de elegir a alguno de estas personas para que dirija de manera transitoria los destinos de la ciudad o si por el contrario decide objetar la terna con personas que no tengan cuestionamientos en los entes de control.
