Resultado importante para la fiscalía y demás autoridades en Colombia
Por: @yamiperiodista
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a un ciudadano egipcio y nueve presuntos integrantes de una estructura señalada de alterar medicinas para adultos mayores, pacientes psiquiátricos y con enfermedades de alto riesgo.
Algunos medicamentos habrían sido adquiridos irregularmente en asilos y hospitales, y otros ingresaron de contrabando al país. Parte de los productos adulterados, al parecer, fueron vendidos a otros delincuentes para elaborar escopolamina.
Un esquema criminal de alteración, contaminación y venta de medicamentos, que ponía en riesgo la salud y la vida de miles de colombianos, fue descubierto por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional.
Diez de los presuntos integrantes de la organización ilegal responsable de esta actividad ilícita quedaron en evidencia, así como los distintos roles que cumplían y las maniobras a las que recurrían para obtener irregularmente medicinas de uso exclusivo de hospitales y clínicas, y tratamientos para adultos mayores, pacientes con enfermedades de alto riesgo o trastornos psiquiátricos.
Actividades de policía judicial avaladas judicialmente, como interceptaciones telefónicas, permitieron conocer que la red recibía la asesoría y orientación de un ciudadano egipcio de nombre Frass Yousef Mahmud Elbasseaun, un farmacólogo de profesión y profesor universitario en Cali (Valle del Cauca).
De acuerdo con los elementos recopilados, el extranjero supuestamente definía formas
para dar apariencia de legalidad a los medicamentos manipulados, de tal manera que pudieran ser comercializados. Por su nivel de influencia y conocimiento del mercado, los demás integrantes de la organización ilegal lo llamaban ‘el Faraón’.
Mahmud Elbasseaun y nueve personas más fueron capturadas en diligencias cumplidas en Cali, Palmira y otros municipios de Valle del Cauca. En audiencias concentradas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les
imputó corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud y concierto para delinquir.
A las cabezas de esta estructura la Fiscalía les imputó otros delitos, por ejemplo: alias el Faraón fue sindicado de uso de documento falso y a Jaime Rivera Arias le formularon fraude procesal, porque en una oportunidad fue capturado y aportó varios documentos para evadir el procedimiento.
El ciudadano egipcio no se allanó a cargos y por disposición del juez fue enviado a un centro carcelario, los demás aceptaron su responsabilidad y recibieron medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
La Fiscalía y la Dijin obtuvieron material probatorio que involucraría a algunos procesados en el desvío de medicamentos psiquiátricos hacía otras organizaciones delincuenciales, que los utilizaban para elaborar escopolamina y cometer hurtos. Al
respecto, fue abierta una nueva línea de investigación.
La cadena ilegal de los medicamentos
En dos años de investigaciones fueron identificados 125 medicamentos de uso controlado que habrían sido modificados y vendidos por la organización ilícita, sobresalen tratamientos para la diabetes, la disfunción eréctil, la epilepsia, el insomnio, la esquizofrenia, la hipertensión, enfermedades pediátricas y patologías que afectan el sistema nervioso e inmunológico.
Los elementos recopilados evidenciaron que parte de estas medicinas, al parecer, salieron de centros asistenciales en medio de engaños o presiones indebidas a los empleados de los dispensarios, otras presuntamente ingresaron de contrabando, provenientes de Venezuela y Ecuador, y una cantidad importante era conseguida en hogares de cuidado y atención a personas de la tercera edad.
Las evidencias indican que uno de los señalados integrantes de la organización visitaba los asilos en los que morían adultos mayores y compraba los medicamentos que dejaban las personas fallecidas, sin importar que estuvieran vencidos, en mal estado o descontinuados.
La Fiscalía y la Dijin establecieron que la red criminal almacenaba los medicamentos sin
los protocolos de conservación y en medio de pésimas condiciones de salubridad. A los productos les eran borrados los sellos de uso restringido, alteradas las fechas de
caducidad y lotes de fabricación para darles apariencia de artículos nuevos.
Con los cambios que lograban en las medicinas y sin importar que algunas estaban descompuestas, la organización las vendía a droguerías, instituciones de salud y
distribuidores. Las entregas en Valle del Cauca eran a domicilio y, a través de empresas de encomiendas, hacían envíos a diferentes ciudades del norte, centro y occidente del país, por lo que habría un número indeterminado de personas engañadas o afectadas por el consumo de tratamientos adulterados.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y ocho
laboratorios farmacéuticos certificaron que los presuntos integrantes de esta estructura
no tenían permisos ni certificaciones que les permitiera vender medicamentos.
