Por María Fernanda Peña
Es lo que se preguntaron cientos de samarios después que se le viera a funcionarios y secretarios de despacho en las afueras del edificio galaxia donde se desarrolla a esta hora la audiencia de medida de aseguramiento en contra del Alcalde Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo Omar, por su presunta participación en el caso de la corrupción que se habría presentado en la construcción de los puestos de salud.
En redes sociales de funcionarios e incluso en las cuentas oficiales de la Alcaldía de Santa Marta, se publicaron videos subrepticios de apoyo político y judicial a Rafael Martínez, quien además aparece con Virna Johnson y Carlos Caicedo Omar los cuales han manifestado su intención publica de aspirar a cargos de elección popular como candidatos oficiales de fuerza ciudadana, el movimiento que hoy gobierna en la ciudad.
Uno de las entidades que mostró casi de manera directa que el día de hoy no iba a trabajarse en esa institución pública fue el DADSA, quien en sus redes sociales publicó una imagen donde manifestaban que las inscripciones para la carrera 5k quedaban suspendidas hasta el martes 19 de marzo, todo al parecer para que los seguidores y funcionarios de la administración quedaran en plena disposición de ir a la manifestación en apoyo a Martínez y Caicedo.
En las inmediaciones del cementerio San Miguel, en las afuera de la plaza comercial Olas, fueron vistos varios funcionarios de la Alcaldía, quienes entregaban de manera gratuita gorras y camisetas alusivas al mandatario.
Pero lo más preocupante, es que mientras la ciudad se bate entre la falta de agua, de una buena prestación de salud y el caos de movilidad, los jefes de estas carteras se les vieron sentados juiciosamente en la puerta del edificio galaxia que conduce a los despachos judiciales, todos acudieron para mostrar el apoyo a Martínez, dejando de lado sus funciones y labores inherentes al cargo.
La actuación de los jefes de despacho, para algunos expertos en el derecho constituye una flagrante violación a las normas disciplinarias, en razón a que esta audiencia judicial en nada tiene que ver ni comporta una obligación de asistir en acompañamiento al Alcalde de la ciudad, pues se trata de un tema distinto a la administración pública, y este servicio no puede parar en desmedro de los ciudadanos samarios.
Desde ya se anuncian varias denuncias por parte de abogados, quienes con base en evidencias fotográficas y audiovisuales, solicitaran a la procuraduría general de la nación que investigue y sancione a los funcionarios que presuntamente habrían cometido una falta disciplinaria.
