Por: José Félix Lafaurie Rivera
Es sabido que el Banco Agrario fue utilizado durante el gobierno Santos como fortín político. Es sabido también que los recursos del campo, en cuantía de 120 mil millones, se pusieron en riesgo con el visto bueno del exministro Iragorri, para lanzarle un salvavidas a Navelena, es decir, a Odebrecht, en medio del mayor escándalo de corrupción; y el hecho de que se hayan logrado recuperar no exculpa a los responsables.
Y como con el dinero para el campo se hacían “ochas y panochas”, el Banco incursionó también en el negocio de compra de cartera y hoy tiene embolatados 19 mil millones en el fraude de las libranzas con Estraval, una operación que violó sus políticas internas y que, de lo puro ingenua, es altamente sospechosa, pues no extraña que cualquier hijo de vecino se deje ilusionar con rendimientos fuera de lo normal, pero sí que lo haga un banco, y además público, y además de fomento para un sector sediento de recursos.
Hay más casos oscuros por contar, pues en medio de esa trampa de corrupción, politiquería y mermelada –tres sinónimos–, el Banco Agrario refundió el camino, olvidó su misión y su responsabilidad histórica con el campo, mientras esa Colombia olvidada, de la que dependemos para subsistir (agua, tierra, alimentos, biodiversidad, aire etc.), era asolada –y lo sigue siendo– por todas las violencias, incluida la peor de ellas: el abandono del Estado.
Como es urgente recuperar y fortalecer el ICA y toda la institucionalidad agropecuaria, es prioritario hacerlo con el Banco Agrario, pues la transformación del campo nunca se logrará, primero: sin flujos crecientes de capital, un nicho que no le interesa a la opulenta banca privada por el mayor riesgo de las actividades rurales; y segundo: sin un canal eficiente para irrigarlos y convertirlos en progreso, en condiciones ajustadas a la realidad rural, sin amiguismos ni politiquería, con asistencia técnica y seguimiento a la inversión.
Gran reto para el nuevo presidente, Francisco José Mejía, quien encontró un banco en estado de gran deterioro: caída en las colocaciones de 320 mil millones a partir de 2017; con un indicador de cartera vencida (7.9 %), que casi dobla el promedio del sector financiero (4.1 %); gastos administrativos del 30.4 % del margen de intermediación, también superiores al promedio de la banca (25.4 %). Gastos de nómina con crecimientos del 16 %; en fin, todos síntomas de clientelismo y derroche.
Son muchos las tareas, empezando por “levantar el tapete” y barrer la mugre escondida del clientelismo y la corrupción. Y luego, acatar la instrucción del presidente Duque de orientar el Banco hacia los pequeños y medianos productores, sin desmedro del necesario apoyo a la producción empresarial.
No puede suceder que el Banco Agrario apenas logre intermediar el 11 % de los créditos Finagro para medianos productores, esa gran clase media rural que empuja la recuperación del campo; ni que logre financiar el 95% de los destinados a pequeños productores, pero tan llamativa cifra se desinfle frente al recordatorio del presidente a Francisco Mejía en su posesión: “solo tres de cada diez pequeños productores pueden acceder a algo de crédito”.
Eso nos lleva a dos temas críticos: 1) Hay que facilitarle el acceso a los medianos, y 2) Hay que, por lo menos, doblar la bolsa de Finagro para los pequeños, lo cual es posible si se tapa o se controla el tubo de escape de las llamadas “inversiones sustitutivas”, por donde hoy se van los recursos del campo hacia sectores boyantes de la economía.
Necesitamos con urgencia el regreso del Banco Agrario al campo colombiano.
