La Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los territorios más biodiversos y sagrados del país, hoy se hunde en una realidad que contrasta con su imagen turística: violencia, extorsión y control de grupos armados. Lo que debería ser un paraíso natural se ha convertido, según reportes internacionales, en un enclave dominado por estructuras ilegales que imponen su ley ante la mirada pasiva del Estado .
Comunidades indígenas, como los arhuacos, denuncian un deterioro alarmante en la convivencia. Líderes aseguran que estos grupos no solo disputan el territorio, sino que controlan actividades básicas, desde el comercio hasta la movilidad, afectando directamente a poblaciones que dependen de sus cultivos y su conocimiento ancestral.
La situación es aún más crítica por la presencia de estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el avance del Clan del Golfo, que han intensificado los enfrentamientos cerca de comunidades indígenas. A esto se suman economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, que profundizan la crisis ambiental y social.
Mientras tanto, la llamada “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro no ha logrado contener la violencia. Por el contrario, la falta de resultados concretos coincide con un recrudecimiento del conflicto en la región, afectando incluso el turismo, uno de los pilares económicos del Caribe colombiano.
El resultado es un territorio abandonado a la ley del más fuerte. La Sierra Nevada no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino un colapso institucional donde el Estado ha cedido espacio a estructuras criminales, dejando a comunidades enteras atrapadas entre la riqueza natural y el miedo constante.
