Para el próximo miércoles 6 de noviembre se prevé una movilización en rechazo a polémicos documentos con los que el gobierno anterior habría amarrado políticas públicas a favor de la comunidad LGBTI.
Los decretos 762 y 410 de mayo de este año que dejó firmados el expresidente Juan Manuel Santos y con los que se busca adoptar políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales), han generado un malestar en algunos sectores religiosos del país.
Los documentos, hasta ahora poco conocidos, ordenan crear estrategias que promuevan el respeto y reconocimiento de esa comunidad en lo judicial, la salud y el trabajo, entre otros. En ellos se propone fortalecer las entidades nacionales y territoriales para que contribuyan a defender esta comunidad y a la observancia de sus derechos.
También dictan que se deben identificar cómo se les ha afectado con hechos de violencia, en el conflicto armado, por prejuicios contra esa población. Además, señalan que se deben desarrollar medidas que garanticen el acceso a un trabajo digno y su permanencia en él.
Algunos sectores de la iglesia católica han señalado que esos decretos imponen la “ideología” de género y podrían generar el retorno de las polémicas cartillas de la exministra de Educación Ginna Parody, que tanto polarizaron al país.
La directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, rechazó la convocatoria y aseguró que ese tipo de movilizaciones son una forma de discriminación hacia la población LGBTI. “¿Las personas que saldrán a marchar realmente sabrán en qué consisten los decretos? Ahí ni hablan de ‘ideología’ de género ni de cartillas;se refieren a medidas como, por ejemplo, la capacitación a funcionarios públicos para que no haya discriminación, y promover los derechos a la vivienda y a la educación”, señaló Sánchez.
La directora de Colombia Diversa afirmó que las personas se movilizarán con unas ideas que no están reflejadas en los decretos.
“Los documentos no hablan de cartillas, no dicen que el Estado está por encima de los padres de familia ni dicen que los hijos no les van a consultar a sus padres sobre su orientación sexual”, dijo. Y señaló que hasta el momento, los avances en la construcción de esa política pública han sido mínimos. “El Estado está en mora de haber hecho estas acciones desde hace mucho tiempo (…) Hay que preguntarle al Ministerio del Interior qué ha hecho para cumplir con esos decretos. Ellos tienen que hacer un informe a seis meses de expedido el decreto, y lo estamos esperando”, considera Sánchez. Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que con base en los decretos 762 y 410 están diseñando una nueva política pública que garantice los derechos de la comunidad LGBTI.
