Ante las decenas de espeluznantes capítulos que ha ofrecido la novela de corrupción administrativa de la multinacional brasilera en Colombia, muchos se preguntan qué ha hecho el Ministerio Público con los funcionarios salpicados en el escándalo.
Por: Vanessa Milena Bermúdez-Twitter-@VanessaMilenaB3
El caso del pago de multimillonarios sobornos por parte de la transnacional Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia de Colombia y de varios paises latinoamericanos. Según cifras entregadas por la Fiscalía, las coimas pagadas por la multinacional superarían los $94.200 millones.
En diciembre de 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló las actuaciones de la multinacional en América Latina. Una de las primeras entidades en reaccionar fue la Procuraduría, que terminó siendo objeto de críticas de quien también ha sido profundamente cuestionado por su posible conflicto de intereses en las indagaciones de Odebrecht: el fiscal general.
El pasado 27 de noviembre, en pleno debate de control político en el caso Odebrecht, el fiscal Néstor Humberto Martínez cuestionó la labor desempeñada por la Procuraduría. “Le compulsamos copias de senadores y representantes que estarían comprometidos con esos contratos, en un número de 11 personas, y espero que la Procuraduría produzca resultados por estas compulsas en algún momento”, aseguró Martínez en medio del acalorado debate. Aunque el procurador no se pronunció al respecto, quedaron evidenciadas las diferencias entre los dos grandes mosqueteros en este caso.
Por tal razón vale la pena revisar cuáles han sido las actuaciones del Ministerio Público frente al caso Odebrecht y la primera en resaltar es la acción popular que presentó el procurador Fernando Carrillo el 26 de enero de 2017 contra la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), conocido hoy como Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Allí el procurador pidió la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.
En materia disciplinaria, la Procuraduría solo ha emitido una condena en este caso: contra el exviceministro de Transporte y exgerente general encargado del Inco Gabriel García Morales, que lo inhabilita por 14 años para ejercer cargos públicos. En comparación con la Fiscalía, la cifra resulta mínima, ya que el ente investigador ha logrado cinco condenas en estos dos años.
