Por: Vanessa Milena Bermúdez Llanes-Twitter @VanessaMilenaB3
Otra dilación esperable
El proceso completa un año y dos meses de dilaciones mientras las comunidades de Mamatoco, Candelaria, La Paz, Taganga y Bastidas siguen desprovistas del servicio de salud.
Para hoy miércoles 23 de enero a las 8:30 a.m. estaba prevista la Audiencia Preparatoria, dentro del proceso penal que se sigue contra el ex Alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar y el Alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez -entre otros imputados- por presuntas irregularidades en la contratación de la modernización de los Puestos de Salud de Mamatoco, La Candelaria, La Paz, Taganga y Bastidas.
Harry Villalobos, uno de los contratistas capturados y quien sí se encuentra privado de la libertad, no asistió a la audiencia.
Dos de los abogados apoderados de los contratistas presentaron renuncia al poder, por lo cual se le solicitó al juez aplazamiento hasta cuando el imputado consiga un abogado de su confianza que pueda estudiar bien el proceso y en especial, el acervo probatorio.
En desarrollo de la diligencia se reprogramó la audiencia para el lunes 18 de marzo a las 9:00a.m. y se ordenó oficiar al Ministerio Público, para que asigne un defensor de oficio.
La audiencia de medida de aseguramiento más demorada del país
En charla con uno de los apoderados del ex alcalde Carlos Eduardo Caicedo, sobre este proceso penal, el reconocido jurista Luis Carlos Torregrosa expresó:
Es un caso atípico, porque yo creo que la audiencia de Medida de Aseguramiento más demorada en el país.
Y finalmente añadió: “Se murió hasta un juez. Un juez se murió. El de garantías se murió. Ha ocurrido todo. Nulidades.”
Para no olvidar
Esta investigación se sigue contra el jefe natural del Movimiento Político Fuerza Ciudadana y ex alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar; contra el actual alcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez, ambos representantes del llamado “Modelo de Gobierno del Cambio”, así como contra cuatro personas más, por los presuntos delitos de Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Hacia finales del 2017 fueron capturados en Santa Marta el ex alcalde Carlos Caicedo, el alcalde Rafael Martínez, el interventor del contrato 007 de 2016 (objeto de la investigación criminal) Carlos Fabián Slebi Palacio y en Barranquila, Jesús Enrique Navarro Brito, contratista del mencionado y representante legal de la unión temporal Construyendo Salud Santa Marta, 2016.
También se adelantó la aprehensión de: Edgar Charris Salcedo, gerente encargado de la ESE Próspero Reverend, quien participó en la etapa precontractual y realizó la apertura del proceso de convocatoria; y Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, gerente de la ESE Alejandro Prospero Reverend, quien también suscribió el contrato No. 007 de 2016.
A todos se les sigue investigación por la demolición y construcción de los Puestos de Salud. Según la investigación, coordinada por la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena en el caso del exalcalde Caicedo, se presume que suscribió un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de los cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó hasta antes de la captura fue el de Bastidas. Posteriormente se entregó el del barrio La Paz, pero ninguno de los dos está operando.
Tanto el ex mandatario como el actual alcalde fueron señalados, ante el juez de control de garantías de Santa Marta, por presuntas irregularidades en dos contratos:
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- El primero de ellos, No.004 del 18 de noviembre de 2014 (10 meses de término) que fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend, y Mediredes SAS, para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de $6.532’759.000, en el cual se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000).
- En el caso del alcalde Rafael Martínez, su investigación se sigue por participar en toda la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016. Este contrato se celebró entre la Alcaldía de Santa Marta y Unión Temporal Construyendo Salud, con el objeto adelantar la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga. Su monto fue de $5.863.789.000.
Las irregularidades halladas en ese contracto tenían que ver con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud y de la licencia de construcción. El primer documento de hecho fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución el contrato. Finalmente hay que resaltar que la Alcaldía autorizó y entregó un anticipo del 40% del valor del contrato, esto es la suma de $2.345’515.000.
