Por: Lina María Peña Peña
Un verdadero escándalo judicial al interior del tribunal del Magdalena, es el que se ha destapado en las últimas horas, por cuenta del sorpresivo fallo de tutela que emitió el máximo órgano de justicia y del que fue firmante el honorable magistrado Milton Fonseca Lidueña.
El caso no es de poca monta, toda vez que la situación judicial del detenido Alcalde Rafael Martínez cada vez es complicada y dentro del movimiento fuerza ciudadana se están adelantando todo tipo de argucias jurídicas que permitan la salida de la prisión domiciliaria que pesa por el mandatario local.
Lo que se ha conocido por parte de los medios de comunicación, es que la doctora Ingrid Aguirre Juvinao en su calidad de Gerente de la Essmar, autorizó la suscripción de un contrato por el orden de los 60 millones de pesos, nada más que a la firma de abogados conocida como Fonseca y Fonseca, cuya representante legal es la señora IRIS MARIA FONSECA LIDUEÑA, hermana del Magistrado Milton Fonseca Lidueña, pero además de esta situación quien ejerce como representante legal suplente de la firma de abogados es la señora Pubenza Plaza Quintero quien es la actual esposa del Magistrado Fonseca.
Ingrid Aguirre militante de Fuerza Ciudadana
Para lo anterior, hay que anotar de manera precisa que la doctora Ingrid Aguirre Juvinao, es una de las férreas militantes del movimiento político conocido como Fuerza Ciudadana y es el mismo que eligió como su candidato a la Alcaldía al señor Rafael Martínez, para ello, la ex-gerente del Essmar no se ha guardado su accionar político y se le ve con frecuencia acompañando al movimiento en distintas actividades proselitistas al lado de sus compañeros de militancia.
Con estos hechos totalmente comprobados, quedó en evidencia que mientras el Alcalde Rafael Martínez fungía como presidente de la Junta Directiva de la Essmar, presuntamente le daba órdenes precisas a la entonces gerente Ingrid Aguirre, amén de compartir filiación política, por lo que las actividades de la empresa de servicios públicos no era una isla aparte de la administración central.
Ahora cuando se conoce el fallo de tutela que le ordena al juez de la causa de Rafael Martínez, que debe resolver la apelación interpuesta por este en un término no superior a los 5 días, no puede pasar de agache el conflicto de intereses que recae sobre el Magistrado Milton Fonseca debido a que su hermana y esposa mantienen en la actualidad un contrato que fue otorgado por una subordinada y amiga partidista del detenido Alcalde Martínez.
Consultamos a penalista experto en la materia
El reconocido abogado y candidato a la Alcaldía de Santa Marta Humberto Díaz, en entrevista con este medio de comunicación, manifestó que la conducta asumida por el Magistrado Milton Fonseca Lidueña, constituyó de manera flagrante un posible delito de prevaricato, por lo que debería ser recusado y además debe ser investigado disciplinariamente al extralimitar sus funciones y por no haberse declarado impedido para conocer de la acción de tutela referida.
Para el abogado Humberto Díaz, el fallo que favoreció al detenido Alcalde Rafael Martínez, no debe ser atendido por el juez debido a que el mismo se encuentra viciado y para ello expuso un ejemplo coloquial: “si un comandante le ordena a un soldado que tiene que dar de baja a civiles, el soldado puede desconocer la orden al considerarla ilegal” y con ello no estaría contraviniendo ninguna orden así sea que provenga de un superior, por lo que se debería abstener de celebrar la audiencia como reza en el fallo.
Con toda esta complicada situación, algunos otros juristas que consultó este medio de comunicación pero que pidieron reservar su identidad, han considerado que lo que se está presentando en la ciudad de Santa Marta es la configuración de un presunto “cartel de la toga”, pues se trata nada más y nada menos que uno de los miembros del máximo órgano de justicia que tiene personas con parentesco directo con un contrato en la administración pública y donde de una manera sospechosa se está produciendo una orden judicial.
