Por Lina Maria Peña
En las últimas horas, un trino de Ivan Cancino el prestigioso abogado defensor del detenido Alcalde Rafael Martínez, llamó la atención en la capital del magdalena, sobre lo que podría suceder en la tan esperada audiencia de ratificación o levantamiento de la medida de aseguramiento constitutiva en detención domiciliaria que pesa sobre Martínez.
De lo anterior, surgieron varias versiones en las que presuntamente se estaría detrás de la consecución a cualquier costo, el levantamiento de la medida en contra de Martínez.
Por un lado, un sector afín al Alcalde Rafael Martínez, han manifestado que la solicitud de licencia por parte del Juez Zagarra para no atender la audiencia programada para el 19 de julio, es una acción truculenta que busca favorecer a los clanes políticos para perpetuar en el cargo al Alcalde (E) Andres Rugeles.
Pero otros en cambio, han considerado que como en anteriores ocasiones se estaría presuntamente buscando un Juez distinto a Zagarra, de tal manera que este pueda actuar de manera favorable a los intereses del detenido Martínez.
Fuentes consultadas por elarticulo.co, expresaron que la solicitud de la licencia es revisada y otorgado por el tribunal superior de Santa Marta, quien debe entonces encargar a quien sería el nuevo Juez que atendería el caso que tiene en prision domiciliaria al Alcalde Rafael Martínez.
Hasta el momento no se conoce la solicitud de licencia por parte del Juez Zagarra, pero al juzgar por los comentarios hechos por el Abogado Ivan Cancino y propio exalcalde Carlos Caicedo quien también es señalado de presuntos actos de corrupción sobre los puestos de salud, sería un hecho la solicitud de Zagarra.
Habrá que esperar entonces que sucederá en el transcurso de la semana, en donde se Irán conociendo los detalles de la situación advertida en la que queda en entredicho la actitud del juez Zagarra frente a lo que sería uno de los hechos judiciales más trascendentales en la ciudad de Santa Marta, debido a que lo que está en juego en conocer la verdad de los presuntos actos de corrupción que rodearon la demolición de los puestos de salud.
