La Sala Plena de la Corte Constitucional en un contundente fallo, dejó en firme el articulo que impone inhabilidades a funcionarios públicos que hayan sido condenados fiscalmente por parte de la Contraloría.
La norma que examino el alto tribunal fue la ley 734 de 2002, y establece que dicha inhabilidad cesará cuando el responsable haya pagado la deuda a la Contraloría.
Con esta nueva posicion de la corte, el primer damnificado podría ser el actual senador Gustavo Petro, si llegare a quedar en firme la multa que le impuso la Contraloría
Gustavo Petro fue sancionado fiscalmente por la contraloría de Bogotá, con 200 mil millones de pesos impuesta por la rebaja a los pasajes de TransMilenio.
