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El departamento del Magdalena atraviesa una de sus mayores tensiones institucionales de los últimos años.
La Asamblea Departamental permanece paralizada por orden judicial, luego de un fallo de tutela que suspendió sus sesiones ordinarias, pese al cumplimiento de posesionar al señor Cesar Pacheco Aaron como diputado, sin embargo, la medida sigue en pie, y el juez que la dictó no ha levantado la restricción, manteniendo bloqueado el ejercicio político y de control que la corporación ejerce sobre la Gobernación.
Este episodio ha dejado al descubierto un presunto entramado donde se mezclan la justicia, la política y los intereses económicos, con nombres que vuelven a conducir al círculo cercano del exgobernador Carlos Caicedo.
Esta historia tiene varias aristas, y en este medio de comunicación las revelamos.
Un fallo que detuvo el ejercicio político
El fallo que originó la controversia fue emitido por el Juez del Juzgado Sexto Penal Municipal Con Funciones de Control De Garantías de la ciudad de Santa Marta, el señor Jairo Ramos, quien ordenó suspender las sesiones de la Asamblea Departamental del Magdalena tras considerar vulnerados los derechos del ciudadano César Pacheco Aarón, quien reclamaba su curul tras la pérdida de investidura del diputado Alberto Gutiérrez.
Sin embargo, la Ley 2200 de 2022, que regula el régimen departamental, establece de forma clara que las Asambleas Departamentales tienen autonomía reglamentaria para dictar su propio estatuto interno y definir cómo sesionan, se convocan y validan sus decisiones.
En otras palabras, ningún juez puede ordenar su cierre ni intervenir en su funcionamiento, salvo en los casos expresamente señalados por la ley.
“El juez Ramos desconoció la autonomía institucional que la Constitución y la ley otorgan a las corporaciones de elección popular”, explicó un jurista consultado por Elarticulo.co, quien pidió reserva de su nombre por su cargo en la Rama Judicial.
“Aunque la justicia reconoció el derecho del señor Pacheco a ocupar su curul, la certificación de la Registraduría aún estaba en trámite, sumado a esto los procesos internos administrativos, por lo tanto suspender las sesiones fue una medida desproporcionada y sin sustento jurídico.”
La medida, pese a los cuestionamientos, se mantiene vigente, impidiendo que la Asamblea sesione y ejerza su función de control político sobre el Gobierno Departamental y generando un retraso en el concurso del Contralor Departamental que venia realizando de manera legal.
Un precedente que debilita la autonomía del poder legislativo
El fallo no solo detuvo la actividad de la Duma, sino que marcó un precedente preocupante para la autonomía institucional en el Magdalena.
Analistas sostienen que esta decisión judicial representa un golpe a la separación de poderes, al interferir directamente en el funcionamiento de una corporación elegida por voto popular.
Sin embargo, a esto se le suma otro episodio polémico: el juez Víctor Bermúdez Machado —hijo del reconocido empresario del transporte Víctor Bermúdez Páez— emitió una orden de arresto contra la presidenta de la Asamblea, Ángela Cedeño, hecho interpretado por amplios sectores como una forma de presión judicial que busca frenar el ejercicio político del legislativo.
Política, poder y justicia: una relación en tensión
Exmilitantes del movimiento Fuerza Ciudadana, hablaron con la directora de este medio de comunicación y manifestaron que los recientes fallos judiciales no son hechos aislados y se parecen mucho al modus operandi de Caicedo y sus aliados en el pasado.
Sostienen que se trata de una estrategia orquestada para mantener el control institucional del Magdalena y frenar la elección del nuevo Contralor Departamental, con el fin de aplazar el proceso hasta que un nuevo gobernador —presuntamente afín al Clan Caicedo— pueda designar al funcionario “a conveniencia”.
“Lo ocurrido con la Asamblea no fue un hecho aislado, sino podría ser parte de una cadena de decisiones que favorecen un mismo interés político”, asegura uno se los ex súbditos del clan naranja.
El entramado del Consorcio Ziruma y los contratos del transporte
La investigación de Elarticulo.co también logró establecer vínculos familiares y económicos entre uno de los jueces del caso y sectores cercanos al poder político en Santa Marta.
El juez Víctor Bermúdez Machado es hijo del empresario Víctor Bermúdez Páez, conocido por haber sido gerente de Cootransmag y contratista del servicio de transporte escolar durante los gobiernos locales del movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo.
Pero la conexión más reciente tiene nombre propio: Consorcio Ziruma.
El 29 de diciembre de 2023, tres días antes de finalizar su periodo, la entonces alcaldesa Virna Johnson firmó un contrato de concesión que otorgó al Consorcio Ziruma la administración total del sistema de transporte urbano SIET.
Dicho consorcio está integrado por Transporte Bastidas, Transporte Rodamar, y el propio Víctor Bermúdez Páez, lo que lo convierte en un actor con amplio poder económico sobre la movilidad de la ciudad.
Con este contrato, el grupo empresarial vinculado al padre del juez consolidó un monopolio de facto del transporte urbano en Santa Marta, reforzando las sospechas de posibles conflictos de interés en decisiones judiciales que hoy benefician al mismo sector político.
Antecedentes: cuando la justicia cruzó la línea
El caso recuerda un episodio similar ocurrido en 2019, cuando la jueza Consuegra fue sancionada y retirada de la Rama Judicial por prevaricato, tras ordenar al Concejo Distrital cómo debía realizar la elección del Personero de Santa Marta, incluso fijando los porcentajes de evaluación y los criterios de votación.
Aquel precedente dejó una advertencia clara sobre los límites de la justicia frente a las corporaciones públicas.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13432795
Hoy, el patrón parece repetirse con nuevos protagonistas y con un trasfondo político más evidente.
Una democracia en equilibrio precario
Mientras la Asamblea Departamental del Magdalena sigue sin poder sesionar, los magdalenenses carecen de un escenario institucional donde se ejerza el debate, la fiscalización y el control político.
El fallo del juez Jairo Ramos, aún vigente, mantiene en pausa la representación popular, mientras crecen las sospechas sobre la utilización del aparato judicial como herramienta de poder.
La pregunta persiste:
¿Es este un acto de justicia en defensa de los derechos políticos o una maniobra judicial al servicio del poder de Caicedo?
