Uno de los convenios fue firmado por la docente de matemáticas Nubia Esther Cotes Mier, en calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio “Portales de las Avenidas”. Extrañamente el Director de Contratación Jorge Guevara Fragoso no firma la resolución por medio de la cual se pretende legalizar los convenios ni tampoco firma los “convenios solidarios”.
De los cien convenios de “obras menores” suscrito por el alcalde Rafael Martínez y los presidentes de igual número de Juntas de Acción Comunal de las tres localidades del Distrito, solo 12 aparecen colgados en la página del Secop, a través de la cual se hacen públicos todos los contratos del Estado, en el marco del principio de transparencia que contempla la norma de contratación.
La denuncia la hizo el presidente de la Veeduría Ciudadana, Edilfonso Orozco, quien dio a conocer los nombres de los convenios ya legalizados a través de su publicación en el Secop. Estos convenios son los suscritos con: Nubia Sther Cotes Mier en calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio Portales de las Avenidas, Franklin de Jesús Gómez Castillo, presidente del asentamiento Ojeda de Bonda, Ricardo Alfonso Agudelo Moreno, presidente de la Ciudadela 29 de Julio, Liliana Isabel González Osorio, presidenta del Once de Noviembre, Luis Edel Bayona Arias, presidente de Tomayuí 1, Gerardo Rizo Ordóñez presidente de la vereda La Revuelta, Nellys del Carmen Acosta Ruiz presidenta del asentamiento Teyruna María Anyel, Fernando José Yance Blanco presidente de Timayuí 2, Blanca Fabricia Bueno Ardila presidenta del barrio San Pablo, Miryam Sofía Isaaz Briseño presidente de Corea, Jesús Alberto Cárdenas presidente del barrio 8 de Febrero, Enrique Lizardo Rodríguez Nastacuas presidente de Los Alpes y Julio Arisualdo Lobo Hernández presidente del barrio Sierra Morena.
Los convenios tienen una asignación de recursos que oscila entre los 23 y 30 millones de pesos, según su objeto para la ejecución de “obras menores”, que en el alcance del mismo ordena ejecutar en la adquisición de suministro representados en elementos de dotación.
Según el veedor ciudadano Edilfonso Orozco, lo delicado de esta contratación es que se les entrega a los presidentes de acción comunal recursos del distrito para que prácticamente los manejen como plata de bolsillo, y aunque todavía no se han hecho los desembolsos correspondientes la irregularidad está en que ya se firmaron dichos convenios, configurándose un delito como lo es, “contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales”, entre otros.
Orozco denunció además que los convenios se suscribieron aparentemente con el compromiso de ejecutar “cien obras menores” en los barrios y resulta que se orden en los mismos a través del alcance de su objeto comprar suministros como Televisores, Video Been, entre otros elementos.
Puso como ejemplo el caso de un presidente de acción comunal quien le dijo que con la plata que le había asignado el distrito compraría una mejora en el barrio aparentemente para la Acción Comunal.
A Orozco le parece además sospechoso que la resolución 1082 del 25 de septiembre expedida para justificar la firma de los convenios no aparezca firmada por el director de contratación Jorge Guevara Fragozo, ni tampoco ese funcionario firma los convenios pese a aparecer su nombre en ambos documentos.
El presidente de la JAC de Timayuí 1, Luis Edel Bedoya Arias, con su jefe político de Fuerza Ciudadana Carlos Caicedo, en Bogotá, lo que evidencia un interés indebido en la adjudicación de dicho convenio por parte del Alcalde Martínez, miembro del mismo movimiento político.
Aquí cuando varios presidentes de JAC firmaban los convenios solidarios con el alcalde Martínez.
