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Corte Suprema envía a la cárcel a Aída Merlano por supuesta compra de votos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a la representante a la Cámara Aída Merlano Rebolledo, investigada por una supuesta compra de votos para su candidatura al senado de la República. La congresista, quien se ecuentra detendia por una medida de aseguramiento, habría gastado más de $6.000 millones para ese propósito en las elecciones del pasado 11 de marzo.

De acuerdo con información de las altas cortes, hay evidencias que comprometerían a la congresista con conductas contra la libertad de los ciudadanos de elegir y ser elegidos en época electoral. Por eso, ante el alto tribunal, es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir.

En los pasados comicios agentes de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía encontraron en su sede de campaña $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales. También hallaron armas de fuego en “la casa blanca”, como también es conocida su sede política. Luego de esos hallazgos, el pasado 13 de marzo el ente investigador le pidió a la Corte Suprema que abriera investigación en contra de Merlano.

Aída Merlano Rebolledo empezó su carrera política a los 15 años, siendo líder juvenil. Estudió Derecho en la Universidad Libre de Barranquilla y, en 2011, fue la diputada con más votos con un total de 42.275 votos para la Asamblea Departamental. Igualmente fue representante elegida a la Cámara por el Atlántico en 2014, con 67.414 votos. Este año su propósito era ocupar un escaño en el Senado. Y lo consiguió, pues obtuvo un total de 73.252 votos. Ahora, la Corte sospecha que esa curul no fue obtenida limpiamente sino con compra de votos.

Aída Merlano se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril en la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá. Desde entonces permanece detenida a la espera de que le resuelvan su situación jurídica. El pasado 11 de abril compareció mediante diligencia de indagatoria, y aunque ese día fue vinculada formalmente a la investigación, la audiencia se tuvo que suspender porque alegó sufrir un cuadro de depresión.

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