Amnistía Internacional ha anunciado que ha retirado su máxima distinción, el Premio Embajadora de Conciencia, a Aung San Suu Kyi, ante la vergonzosa traición de la lideresa de Myanmar a los valores que antaño defendió
El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, escribió a Aung San Suu Kyi para informarle de que la organización le retiraba el galardón concedido en 2009. Naidoo expresó la decepción de la organización por el hecho de que, ocho años después de ser puesta en libertad del arresto domiciliario y a mitad de su mandato, no hubiera utilizado su autoridad política y moral para salvaguardar los derechos humanos, la justicia y la igualdad en Myanmar, citando su aparente indiferencia ante las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas del país y la creciente intolerancia hacia la libertad de expresión.
“Esperábamos que, como Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional, continuaría usando su autoridad moral para denunciar la injusticia dondequiera que la encontrase, incluso dentro del propio Myanmar”, escribió Kumi Naidoo.
“Hoy, nos sentimos enormemente consternados porque ha dejado de ser un símbolo de esperanza, valentía y defensa imperecedera de los derechos humanos. Amnistía Internacional no puede justificar que continúe siendo receptora del Premio Embajadora de Conciencia, por lo que, con gran tristeza, por la presente se lo retiramos”.
Perpetuar las violaciones de derechos humanos
Desde que Aung San Suu Kyi se convirtió en la lideresa de facto del gobierno civil de Myanmar en abril de 2016, su administración ha participado activamente en la comisión o perpetuación de múltiples violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha criticado en reiteradas ocasiones el hecho de que Aung San Suu Kyi y su gobierno no denunciaran las atrocidades de las fuerzas armadas contra la población rohingya en el estado de Rajine, que lleva años viviendo bajo un sistema de segregación y discriminación equivalente al apartheid. Durante la campaña de violencia desatada contra la población rohingya el año pasado, las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de personas, violaron a mujeres y niñas, detuvieron y torturaron a hombres y niños, y redujeron a cenizas cientos de viviendas y pueblos. Más de 720.000 rohingyas huyeron a Bangladesh. Un informe de la ONU ha pedido que se investigue a oficiales militares de alta graduación y se los enjuicie por el crimen de genocidio.
Aunque el gobierno civil no tiene control sobre las fuerzas armadas, Aung San Suu Kyi y su oficina las han protegido de la rendición de cuentas rechazando, restando importancia o negando las acusaciones de violaciones de derechos humanos y obstruyendo las investigaciones internacionales sobre abusos. Su administración fomenta activamente la hostilidad hacia la población rohingya, calificando a sus miembros de “terroristas”, acusándolos de quemar sus propias casas y de denunciar “violaciones falsas”. Mientras tanto, los medios de comunicación estatales publican artículos incendiarios y deshumanizadores en los que llaman a los rohingyas “detestables pulgas humanas” y “espinas” que deben ser arrancadas.
“La inacción de Aung San Suu Kyi a la hora de defender a la población rohingya es una de las razones por las que no podemos seguir justificando que sea Embajadora de Conciencia”, declaró Kumi Naidoo.
“Su negación de la gravedad y el alcance de las atrocidades significa que hay pocas posibilidades de que mejore la situación para los cientos de miles de rohingyas que viven en una situación incierta en Bangladesh o para los cientos de miles de rohingyas que siguen en el estado de Rajine. Si no se reconocen los terribles crímenes cometidos contra la comunidad, resulta difícil concebir cómo va a tomar medidas el gobierno para protegerla de atrocidades en el futuro”.
Amnistía Internacional también puso de relieve la situación en los estados de Kachin y Shan del Norte, donde Aung San Suu Kyi no ha usado su influencia y autoridad moral para condenar los abusos de las fuerzas armadas, presionar a favor de la rendición de cuentas por crímenes de guerra o defender a la población civil de las minorías étnicas que sufren la peor parte de los conflictos. Para empeorar las cosas, su administración civil ha impuesto duras restricciones al acceso humanitario, exacerbando el sufrimiento de más de 100.000 personas desplazadas por los combates.
