Por: Vanessa Milena Bermúdez-@VanessaMilenaB3
El Procurador General Fernando Carrillo Flórez, anunció que el Ministerio Público demandó el Acuerdo Distrital 029 del 28 de diciembre de 2018, que comprometió vigencias futuras “por 900 mil millones de pesos, equivalentes a 1 billón 600 mil millones de pesos durante 30 años”.
En la demanda cuyo conocimiento correspondió al Juez 7° Administrativo, se presentó la solicitud de Medidas Cautelares entre las cuales se incluye la Suspensión Provisional del Acuerdo, porque viola el ordenamiento legal. Igualmente se le pidió al juez un pronto pronunciamiento, con el fin de evitar un detrimento enorme al patrimonio del Estado.
Acuerdo demandado y concejo investigado
Sumado a lo anterior, Fernando Carrillo anunció que se ha abierto indagación preliminar contra los 19 concejales, por la aprobación del citado Acuerdo y en ella se vinculó al detenido alcalde, Rafael Alejandro Martínez y al Director Jurídico del Distrito, Adolfo Torné Stuwe.
Cabe mencionar que en ese Acuerdo se incluyó un parágrafo que podría ser la defensa de los concejales, puesto que en él se “condiciona” a la Administración a acatar y realizar las acciones pertinentes, que se desprendan de las decisiones judiciales, que se tomen en materia de agua, acueducto y alcantarillado, así como las recomendaciones del mismo Ministerio Público. 
No obstante lo anterior, hay que mencionar que para el 28 de diciembre de 2018, día en el que se adelantó la votación a ‘pupitrazo’ limpio -entre otras cosas- ya el concejo había recibido una advertencia de parte del Procurador Escobar Silebi, acerca de las posibles consecuencias de votar positivas las facultades que el Alcalde había solicitado.
Tal función de advertencia es un mecanismo por medio del cual la Procuraduría se encarga de señalarle de manera previa a una empresa, contratista o entidad pública, que sea sujeto de su control, la posible realización de actividades, situaciones o hechos que podrían llevarlo a cometer un daño al patrimonio del Estado.
Hasta el momento la actuación es netamente preliminar, es decir que la Procuraduría apenas está tratando de verificar la ocurrencia de una conducta constitutiva de falta disciplinaria. El plazo inicial de una indagación es de 6 meses, luego de los cuales se decide si se archiva o si hay mérito para una investigación formal disciplinaria.
