Por: Juan David Uribe
La situación por la que pasa Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITP) de la capital es crítica.
la alcaldesa Claudia López y el gerente de la empresa Transmilenio S.A., Felipe Ramírez Buitrago, han declarado que si el Concejo de la ciudad no aprueba un billón de pesos para inyectarle recursos al sistema este no podrá seguir operando: “nos veremos en la obligación de suspender el servicio desde finales del mes de agosto o principios del mes de septiembre, según el cálculo que hemos hecho”.
Más allá del colapso de la ciudad sin su sistema de transporte masivo -que es ineficiente, hostil y peligroso- la realidad es que los 4 millones de personas que lo usan diariamente (en sus componentes zonal, troncal y transmicable) se verían impedidas -en su mayoría- de poder llegar a sus trabajos, a sus lugares de estudio o a sus citas médicas, sin contar con el incierto futuro laboral para los más de 33.000 colaboradores que están empleados en el sistema.
El desastre de Transmilenio es una tragedia que por años ha conocido el gobierno distrital pero que muy pocas acciones afectivas ha realizado para evitarlo. Basta con hacer un recorrido en cualquiera de las troncales para ver la anarquía que reina en el sistema. Los llamados “colados” desangran el sistema. 15 de cada 100 usuarios no pagan su pasaje y el sistema deja de recibir casi 5.200 millones de pesos semanalmente, según un informe de la U. Nacional de 2019.
Vendedores Ambulantes en cada articulado y en cada estación, una inseguridad que obliga a los usuarios a mantenerse alerta cada segundo. Toma de buses por delincuentes armados,” raponazos” por las ventanas. El sistema y sus usuarios saben que utilizar un aparato electrónico mientras se viaja es un acto temerario. Asesinatos de conductores y pasajeros, y un constante acoso a mujeres en buses atestados en los que la capacidad de cada bus la da, no el espacio, sino la fuerza y habilidad que tenga el pasajero para acceder en él en medio de empujones.
Las protestas sociales y los actos vandálicos afectan el sistema día a día a los ojos permisivos de la administración local, que, en nombre del derecho a la manifestación, permiten -casi que con complicidad- que destruyan estaciones y buses que afectan a cientos de miles de usuarios, para quienes es habitual regresar caminando por las vías del sistema cerrado, en camiones, volquetas o cualquier medio que les permita volver a casa.
Hoy Claudia López pide al concejo que apruebe un rescate al sistema por más de un billón de pesos, pero no toma decisiones de raíz, lo que por supuesto hace que sea un paliativo temporal que solo pospone la catástrofe. Si la alcaldesa, en su discurso populista habitual, afirma que los rines de lujo no son la prioridad de su administración, por lo menos debería de soportar sus nefastas declaraciones en fortalecer el transporte de, no solo las clases más desfavorecidas, sino de la mayoría de los ciudadanos, que requieren del sistema para movilizarse. He ahí las consecuencias de elegir mandatarios que ni siquiera conocen el precio de un pasaje.
