El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios anunció que Santa Marta no recibirá más personas privadas de la libertad sindicadas hasta que se cumpla el acuerdo de mejorar condiciones en el Epmsc SM, afectando la situación carcelaria local.
En un nuevo pronunciamiento, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP S.I.) anunció que se suspenderá el ingreso de personas privadas de la libertad (PPL) sindicadas al establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Santa Marta (Epmsc SM). Esta medida, según el presidente de la seccional de Santa Marta, Francisco Mendoza, responde a la falta de avances en los acuerdos para mejorar las condiciones de reclusión y dignificar el trato hacia los reclusos sindicados, quienes actualmente permanecen en centros de policía transitorios sin las condiciones adecuadas.
El sindicato argumenta que el convenio firmado el 22 de octubre de 2024, que entró en vigor el 31 de octubre del mismo año, estipulaba el traslado de 160 PPL sindicados hacia el Epmsc de Santa Marta. No obstante, hasta la fecha solo se han trasladado 20 reclusos, y los recursos de $1.500 millones de pesos, prometidos para optimizar la infraestructura y mejorar la calidad de vida en el centro penitenciario, aún no han sido entregados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esta situación ha generado un profundo malestar entre los empleados penitenciarios y refuerza su decisión de impedir nuevos ingresos de sindicados hasta que se cumplan las promesas de inversión.
El sindicato ha enfatizado que las condiciones actuales del establecimiento no son aptas para recibir a más reclusos sin una mejora significativa de las instalaciones. Según Mendoza, el incumplimiento del acuerdo representa una falta de respeto hacia los derechos humanos de los reclusos y hacia los empleados penitenciarios que deben trabajar en condiciones inadecuadas. Además, subrayó la importancia de que los recursos prometidos sean entregados a la mayor brevedad para poder llevar a cabo las mejoras necesarias en el Epmsc de Santa Marta.
Los empleados penitenciarios esperan una respuesta clara y rápida del Inpec sobre los fondos y la ejecución del convenio, que resulta crucial para resolver la problemática de hacinamiento y mejorar las condiciones de reclusión en Santa Marta. Este conflicto evidencia la urgencia de inversión y de acciones concretas para garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad y la seguridad de los trabajadores penitenciarios.
