El juez 46 de conocimiento de Bogotá consideró que el preacuerdo que Otto Bula celebró con la Fiscalía por el soborno que le dio al exfiscal Rodrigo Aldana no es legal. Criticó la poca argumentación de la Fiscalía.
Declaró ilegal el preacuerdo que Otto Bula, el excongresista que ha ocupado los titulares de prensa en los últimos meses por cuenta del escándalo de Odebrecht, pactó con la Fiscalía. Sin embargo, este proceso no es por los sobornos que recibió la multinacional, sino por haber sobornado al exfiscal Rodrigo Aldana Larrazábal para beneficiarse en un proceso de extinción de dominio. El acuerdo que tumbó el juez establecía una pena de 24 meses (2 años), una multa 33 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 40 meses.
El juez mencionó que la Fiscalía se quedó corta en su argumentación al precisar los beneficios que tendrá la justicia producto de ese acuerdo. Aunque la Fiscalía dijo que Bula ha colaborado como testigo en el esclarecimiento de los sobornos de Odebrecht, el funcionario judicial sostuvo que una cosa es este proceso y otra son los sobornos al exfiscal Aldana. Y cuestionó que el ente investigador no trajo ningún elemento de prueba de que pruebe esa colaboración efectiva, por lo que “se quedó corto”. (En contexto: Por actos corruptos, exfiscal Rodrigo Aldana fue condenado a 9 años de prisión)
Tampoco se argumentó, indicó el juez, lo necesario para entender por qué se pactó con Bula la pena mínima. “Partir de la pena mínima en un caso tan grave que hoy nos ocupa, efectivamente se desprestigia la administración de justicia y se cuestiona. ¿Cómo es posible que en este caso se pretenda sobornar a un fiscal delegado ante el tribunal, entregándole un bien inmueble a nombre de su esposa, y se parta de la pena mínima sin hacer la más mínima consideración?”, precisó el juez en la audiencia realizada en la Sala 219 de los juzgados de Paloquemao.
Por estos hechos, el exfiscal Rodrigo Aldana Larrazábal aceptó los delitos de cohecho propio (soborno), prevaricato por omisión y delitos contra la administración pública, por lo que fue condenado a nueve años, un mes y seis días de prisión. La aceptación de cargos se fundamentó en un hecho crucial: su relación con Margarita María Useche, la mujer a la que se le escrituró, en agosto de 2015, el apartamento 1117 del edifico Pentagrama, en Bogotá, con el que Otto Bula le pagó sus favores como fiscal.
Desde 2012, Aldana adelantaba un proceso de extinción de dominio contra el clan narcotraficante Álvarez Meyendorff, en el que terminó vinculada la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Otto Bula. Según la Fiscalía, Bula se prestó para ocultar bienes del clan. Esos bienes entraron en extinción de dominio, y Aldana, como fiscal que manejaba el caso, se prestó para tomar medidas y lograr que los bienes volvieran a manos de Bula.
Tanto la Fiscalía como la defensa del excongresista apelaron la decisión. El Ministerio Público, por su parte, estuvo de acuerdo con la decisión del juez.
