Tres proposiciones impulsadas por la Alcaldía de Santa Marta fueron aceptadas en el Proyecto de Ley 315 de 2025, fortaleciendo la protección a víctimas de abuso sexual en contextos religiosos en Colombia.
La Alcaldía de Santa Marta logró un avance significativo en el trámite del Proyecto de Ley 315 de 2025, enfocado en el abuso sexual en contextos clericales, tras la aceptación de tres proposiciones clave durante una audiencia pública en el Congreso de la República de Colombia. La intervención estuvo a cargo de la secretaria de la Mujer, Íngrid Gómez Ceballos, quien sustentó las propuestas con base en casos reales atendidos en la ciudad.
Propuestas centradas en las víctimas
Las iniciativas aprobadas buscan fortalecer la protección de las víctimas. La primera establece rutas de atención independientes de las instituciones religiosas, garantizando procesos sin interferencias. La segunda amplía el enfoque de la ley para incluir de manera explícita a mujeres adultas como víctimas de abuso clerical, un aspecto que no estaba claramente definido en el articulado original.
La tercera proposición fija como principio central que todas las decisiones y protocolos prioricen los derechos de las víctimas por encima de cualquier interés institucional. Este enfoque representa un cambio estructural en el tratamiento de este tipo de casos en el país.
Contexto y cifras que evidencian la urgencia
El Proyecto de Ley 315 de 2025 busca crear una comisión nacional para esclarecer la verdad y garantizar la reparación integral a víctimas de abuso sexual en entornos religiosos. Su construcción recoge experiencias territoriales como las de Santa Marta, donde la Secretaría de la Mujer ha atendido denuncias colectivas, incluyendo el caso de 14 mujeres que señalaron a un líder religioso por presuntos abusos.
Las cifras presentadas refuerzan la necesidad de esta legislación: cerca de 585 sacerdotes han sido denunciados en Colombia, pero solo una fracción ha sido condenada. Además, un número considerable continúa ejerciendo funciones religiosas, lo que evidencia vacíos en la justicia y en los mecanismos de protección.
Este avance posiciona a Santa Marta como un referente en la incidencia territorial en políticas públicas, aportando directamente a una ley que podría marcar un precedente en la defensa de víctimas de abuso sexual clerical en Colombia.
