Irregularidades en contratación pública, anticipos millonarios y bajo avance de obras en Fundación llevaron a la Contraloría del Magdalena a abrir una investigación fiscal.
La Contraloría General del Magdalena encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la Alcaldía de Fundación, tras denuncias realizadas por el bloque mayoritario del Concejo municipal durante una sesión reciente. Los cabildantes advirtieron posibles fallas administrativas y financieras en la ejecución de obras públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Según el informe técnico conocido, las inconsistencias estarían relacionadas con el Convenio Interadministrativo CD-CO-001-2025 y los contratos de obra 375 y 385 de 2025. Entre los principales hallazgos, se destaca la entrega de anticipos cercanos al 40% a contratistas, pese a que el avance físico de las obras sería mínimo o casi inexistente. Estos recursos, que superarían los $5.800 millones, no han podido ser verificados plenamente por los entes de control.
Alertas por ejecución y selección del contratista
Los concejales también cuestionaron la elección del ejecutor, el Fondo Mixto Sierra Nevada, señalando que su designación carecería de claridad y que existen antecedentes de alertas emitidas por entidades como el Departamento Nacional de Planeación. Además, manifestaron preocupación por la falta de información suministrada por la administración municipal frente al estado real de los proyectos.
Las obras comprometidas incluyen intervenciones clave como el pavimento de la calle principal del corregimiento de Santa Rosa, accesos viales desde la Troncal de Oriente y conexiones estratégicas hacia Pivijay, con una inversión superior a los $15.471 millones.
Contraloría abre investigación formal
Ante este panorama, la Contraloría concluyó que el análisis documental resulta insuficiente para determinar el uso adecuado de los recursos públicos, por lo que anunció la apertura de una Actuación Especial de Fiscalización (AEF). Esta fase permitirá realizar visitas de campo, auditorías a los archivos y una verificación detallada de la ejecución física y financiera de los contratos.
Adicionalmente, el ente de control ordenó el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra la administración municipal por no atender los requerimientos de información en la etapa inicial. La investigación tendrá un plazo máximo de seis meses para arrojar resultados definitivos, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública del municipio.
