En visita a la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, sancionó la Ley de Páramos y la Ley de Cambio Climático, que crea las condiciones y ofrece las directrices necesarias para gestionar la adaptación del territorio nacional a sus efectos y mitigar la emisión de Gases de Efecto Invernadero.
Esta ley, además, contribuye al cumplimiento del compromiso adquirido frente al Acuerdo de París para reducir el 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmosfera, proyectadas al año 2030 y avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima.
El objetivo de la reglamentación es reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del cambio climático y promover la transición hacia una economía competitiva y sustentable.
Contempla, además, el reconocimiento del Sistema de Información Nacional sobre Cambio Climático como uno de los elementos fundamentales para la toma de decisiones, y prevé la creación de instrumentos económicos y financieros para la gestión del cambio climático.
Esta ley es el punto más estratégico en la gestión de la adaptación del país al fenómeno y se une a otros avances como las 43 medidas y líneas de acción que han sido definidas para lograr la meta nacional de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero.
LEY DE PÁRAMOS
Así mismo, el primer mandatario, sancionó la Ley de Páramos, orientada a construir las bases de una política pública en materia de conservación de los ecosistemas de páramo entendiendo la integralidad de estos y su importancia por los servicios eco sistémicos que prestan.
Esta ley se convierte en una herramienta útil para avanzar en la protección de los páramos y acude a un enfoque socio- ecosistémico e integral que contempla, tanto la información técnica de la definición y delimitación de estos ecosistemas, como la inclusión y participación de las comunidades paramunas.
La Ley también posibilita una mayor disponibilidad de recursos para la gestión integral de los páramos, pues faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para buscar cofinanciación a los proyectos, a través de la cooperación internacional y el Impuesto Nacional al Carbono.
