Cambios en la Gobernación del Magdalena, con la salida de Claudia Oñate, Adriana Trujillo, Diana Celedón y Fabián Bolaños, evidencian crisis política, reconfiguración de poder y tensiones en Fuerza Ciudadana.
La Gobernación del Magdalena atraviesa uno de sus momentos más críticos tras una cadena de salidas en su gabinete que, lejos de parecer ajustes rutinarios, configuran un golpe político de alto impacto. En las últimas horas se confirmó la desvinculación de Claudia Oñate Rodríguez como secretaria General, decisión oficializada mediante acto administrativo, pero sin explicaciones de fondo por parte de la administración de la gobernadora Margarita Guerra.
Este movimiento se suma a una serie de salidas que han encendido las alarmas en los círculos políticos del departamento. Entre ellas, la de Fabián Alberto Bolaños Gutiérrez, quien lideraba la Secretaría de Equidad y Poder Popular y era considerado un hombre de confianza dentro de Fuerza Ciudadana. Su salida, igualmente formalizada sin mayores detalles, deja un vacío estratégico en una de las dependencias clave para la articulación social del gobierno.
Un gabinete en crisis y el desgaste del modelo político
El cambio fuerte no se detiene ahí. La salida de Diana Celedón Sánchez de la Secretaría de Salud añade presión en un sector ya golpeado por cuestionamientos estructurales y denuncias sobre el manejo del sistema. A esto se suma la caída de Adriana Trujillo Arias, exsecretaria de Educación y figura cercana al exgobernador Carlos Caicedo, cuya influencia dentro del movimiento había sido determinante.
La simultaneidad de estas decisiones, todas sin justificación pública clara, alimenta la percepción de una purga política cuidadosamente ejecutada. Más que una reestructuración técnica, lo que se advierte es un proceso de depuración que busca desmontar antiguos equilibrios de poder y redefinir las lealtades dentro del aparato institucional.
En este contexto, la gobernadora Margarita Guerra parece consolidar un liderazgo propio, marcando distancia del caicedismo y enviando un mensaje contundente: la era de las “fichas intocables” habría llegado a su fin. Sin embargo, la opacidad en la comunicación oficial y la ausencia de explicaciones concretas abren espacio a interpretaciones críticas sobre si se trata de un verdadero ejercicio de transparencia institucional o de un simple reacomodo de cuotas de poder.
El interrogante de fondo sigue vigente: ¿está la administración departamental limpiando su estructura o se está dando una nueva configuración política con los mismos vicios de fondo?
