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Ratificarán si tierras en Pozos Colorados son del Distrito

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ratificará este miércoles, durante una audiencia ante el juez de garantías que lleva el proceso penal, que las 65 hectáreas de Pozos Colorados, sobre las cuales la empresa Cerro Blanco S.A. pretende que se profiriera una medida de restablecimiento del derecho, pertenecen al Distrito de Santa Marta.

El lío jurídico, que tiene sus orígenes en los años 90, cuando el Concejo Distrital le quitó a la Nación estas tierras mediante la figura de extinción de dominio, es liderado por la familia Campo Díazgranados, la cual reclama su presunto derecho a la propiedad sobre un predio que, de acuerdo con las escrituras que reposan en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, es del Estado.

“Durante los últimos años, el gerente – propietario de Cerro Blanco S.A., Máximo Campo Díazgranados, ha adelantado toda serie de acciones contenciosas y penales, con el fin de reafirmarse como propietario de estos terrenos, que en total suman 5.800 hectáreas.

No obstante, hasta el momento, sus actuaciones no han arrojado resultados positivos para él”, dice el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa.

Según el Supernotariado, en aras de materializar su propósito, el representante legal de esta compañía involucró a algunos funcionarios de la Superintendencia en una denuncia penal, con la pretensión de que el juez de garantías profiera una medida de restablecimiento del derecho, es decir, la suspensión del poder dispositivo que hoy le corresponde al Distrito de Santa Marta.

Con este nuevo intento, explica Mesa, el denunciante espera que se ordene la nulidad de las actuaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, con el argumento que los documentos archivados en la carpeta del predio son falsos, es decir, obtenidos de forma fraudulenta. “No existe nexo causal entre la denuncia hecha por el Gerente de Cerro Blanco S.A. contra nuestros funcionarios y la medida solicitada.

La entidad, como garante de la seguridad jurídica se limitó a hacer una corrección que implicó la inclusión de una parte del terreno que había sido omitida, pero que, según las escrituras radicadas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pertenece al Distrito de Santa Marta”, puntualiza el Superintendente.

El área en disputa está localizada en un corredor cobijado por una legislación especial como zona franca turística. Cualquier desarrollo de esta clase que se haga allí paga menos impuestos y tiene ventajas arancelarias. En ese punto de la ciudad están los hoteles Irotama y Zuana; el aeropuerto Simón Bolívar; los barrios Cristo Rey, La Paz y Don Jaca, y un lote propiedad de Ecopetrol y los terrenos de Pozos Colorados.

 

 

Con información de Hoy Diario del Magdalena

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