En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a la exgobernadora del Quindío y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Sandra Paola Hurtado Palacio.
El Ministerio público acusa a la exmandataria y a otros funcionarios más de su administración de irregularidades en la contratación con Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío).
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal dijo que transgredieron el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal por suscribir seis convenios interadministrativos con EPQ y Proviquindío, sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales.
En el proceso también están vinculados el actual director de la Corporación Regional del Quindío (CRQ) y exgobernador encargado, John James Fernández López, quien fue inhabilitado por 10 años igual que Julio Ernesto Ospina Gómez.
Mauricio Quiceno, abogado de John James Fernández señaló que ya interpusieron un recursos de apelación contra la decisión “arbitraria de la Procuraduría, es la materialización de una persecución política contra un grupo político en el Quindío, esto era ya la crónica de una muerte anunciada”.
Quiceno explicó que el recurso de apelación del fallo de primera instancia “no impide que ejerzan sus funciones hasta que una segunda instancia lo ratifique o lo cambie”.
