La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al alcalde de La Pintada, Antioquia (2016-2019), César Augusto Zapata Pérez, y por 15 años a la entonces secretaria de Gobierno, Mitsy Albany Mejía Medina, por irregularidades en la celebración de 17 contratos de prestación de servicios por más de $412’468.000.
El ente de control comprobó que el exmandatario omitió la elaboración de estudios de oportunidad y conveniencia, y que algunos contratos incluían obligaciones contenidas en los manuales de funciones de empleados de planta de la alcaldía; así mismo, determinó que Zapata Pérez adelantó procesos de selección que no correspondían.
En cuanto a la exsecretaria general, evidenció que certificó la inexistencia de personal y la idoneidad del contratista en al menos siete contratos para justificar su celebración; y que, además desconoció las funciones de supervisión al liquidar los negocios jurídicos avalando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin los debidos soportes documentales.
En fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de Amagá calificó las faltas de Zapata Pérez y Mejía Medina como gravísimas, a título de dolo. El defensor de los disciplinados de interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Antioquia.
