La Personería Distrital acusa a Patricia Caicedo de irregularidades en un contrato de 2020, firmado durante su gestión en el Dadsa. El contrato, que no incluyó fechas claras de ejecución, es parte de un proyecto de sostenibilidad ambiental.
La Personería Distrital ha formulado un pliego de cargos contra Patricia Caicedo Omar, actual asesora de la Agencia Nacional de Tierras y exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), por presuntas irregularidades en un contrato público suscrito en 2020. Caicedo, quien también fue candidata a la Alcaldía, es señalada de haber incumplido principios básicos de la contratación estatal al no especificar fechas claras de ejecución en el contrato No. 147, relacionado con un proyecto ambiental de relevancia para la ciudad.
El contrato en cuestión fue firmado el 14 de diciembre de 2020, y tenía como objetivo el desarrollo del proyecto «Quebrada Tamacá, Corazón del Cambio Ambiental». Según documentos de la Personería, los estudios previos para este contrato se elaboraron en noviembre del mismo año, pero no se definió una fecha concreta para su ejecución, un aspecto que contradice los principios de planeación y transparencia exigidos en la contratación estatal. Este aspecto ha generado cuestionamientos sobre el manejo adecuado de los recursos y la planeación detallada de los proyectos durante su gestión en el Dadsa.
El proyecto, que involucra la quebrada Tamacá, contaba ya con registros legales antes de la suscripción del contrato. La Dirección Nacional de Derechos de Autor había otorgado un certificado de Registro de Obra Literaria Inédita para la obra el 11 de diciembre de 2020, mientras que el sistema ISBN (International Standard Book Number), usado para identificar publicaciones, lo registró el 18 de noviembre de ese año. Estos detalles, que deberían haber sido claros en la documentación del contrato, suscitaron dudas y derivaron en la investigación de la Personería.
La falta de claridad en los estudios previos y en la fecha de inicio de la ejecución del contrato llevó a la Personería a calificar provisionalmente la falta como «grave». Este señalamiento podría afectar la trayectoria de Caicedo en la administración pública, aunque la funcionaria tiene derecho a defenderse en el proceso disciplinario. El caso es uno más en una serie de investigaciones que buscan fortalecer la transparencia en la administración pública y la ejecución de proyectos ambientales de gran relevancia para la comunidad.
