El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate institucional tras cuestionar abiertamente una decisión del Consejo de Estado que frenó el traslado de recursos hacia Colpensiones. En lugar de acatar el fallo, el mandatario lanzó acusaciones graves al insinuar que la justicia estaría favoreciendo a los bancos y permitiendo el “robo” de los ahorros de los trabajadores.
La reacción presidencial no solo elevó el tono contra las cortes, sino que volvió a poner sobre la mesa una propuesta que genera inquietud en distintos sectores: la convocatoria de una asamblea constituyente. Petro insiste en que este mecanismo sería la vía para destrabar sus reformas, en un discurso que, para sus críticos, sugiere un choque directo con el equilibrio de poderes.
En paralelo, el mandatario convocó a movilizaciones el próximo Primero de Mayo, utilizando una fecha simbólica para reforzar su narrativa frente al sistema pensional. La invitación a las calles, en medio de tensiones institucionales, ha sido interpretada como una estrategia de presión política más que como un llamado a la deliberación democrática.
Desde el Gobierno, voces como la del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se alinearon con el discurso presidencial, calificando la decisión judicial como una medida que favorece a los sectores más poderosos. Sin embargo, sus pronunciamientos no han logrado disipar las dudas sobre el respeto a la independencia judicial.
El episodio deja en evidencia una tensión creciente entre el Ejecutivo y las altas cortes, en un momento en que el país enfrenta decisiones clave sobre su sistema pensional. Mientras el Gobierno insiste en avanzar a toda costa, crecen las preocupaciones sobre el impacto de este pulso institucional en la estabilidad jurídica y económica del país.
