Por: José Félix Lafaurie Rivera
La violencia, como instrumento para zanjar diferencias ideológicas y de control territorial y político, ocupa la mitad de la historia humana; una dicotomía retratada magistralmente por Tolstoi: Guerra y Paz.
La paz, nunca perfecta como toda utopía, pero siempre buscada por toda sociedad. La guerra, marcada por el dolor y la muerte de millones, en una generalización convertida en estadística: “la gente”, gente con nombres, rostros, historias de vida…
Esa “gente”, la nuestra, hoy sufre en los territorios: en Chocó, Cauca, Nariño, Sur de Bolívar, Catatumbo, en una ola de violencia alimentada por economías ilícitas, que se expande a las ciudades, atacadas por el microtráfico.
De ahí la responsabilidad enorme del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego con el ELN, que registra ya 31 incidentes a 15 de agosto, incluidos 5 asesinatos y las amenazas denunciadas por el Fiscal, aunque aún no figuran los nombres del general Zapateiro y María Fernanda Cabal.
En medio de esta situación se instala, el 14 de agosto, el IV ciclo de negociaciones y el jefe de la delegación gubernamental, Otty Patiño, lanza un mensaje esperanzador que alivie a las comunidades afectadas por la violencia y el abandono: “Nosotros queremos proponerle a la otra delegación -el ELN- que avancemos para que este ciclo sea el de la gente”.
El mismo día, tras un Consejo de Seguridad en Popayán, el presidente Petro lanza una estrategia de tres puntos, que va en la línea del “piloto de transformación” que hemos venido proponiendo.
Primero: la sustitución con dinero público de la economía ilícita cocalera, por economías lícitas agropecuarias, propuesta que será exitosa si se acompaña de la dotación de bienes públicos, que garantice la “integralidad” que siempre ha faltado en las soluciones.
Segundo: La Fuerza Pública como eje central de esa sustitución, con el apoyo de las comunidades, para paralizar la economía ilícita hasta su agotamiento.
Tercero: cualquier negociación con grupos armados deberá priorizar, “antes que cese al fuego, un cese de hostilidades a la población civil”, en un claro mensaje a las disidencias de las Farc. En febrero, desde Yarumal, Antioquia, el presidente ya había advertido que los grupos interesados en la “Paz Total” no solo deben cesar hostilidades contra el Estado y entre grupos armados, sino principalmente las hostilidades a la población civil.
En ese mismo sentido se firmó el Acuerdo de cese al fuego con el ELN y los protocolos que lo desarrollan, con una referencia explícita a los derechos y libertades de la población, expresada en dos aspectos sustantivos:
Primero: Incorporan el Derecho Internacional Humanitario, en cuanto a las acciones y prohibiciones del Protocolo II de Ginebra (1977), para la protección a la población civil.
Segundo: Al estar enmarcados en el régimen constitucional vigente, no inhiben el mandato a la Fuerza Pública y las autoridades para perseguir las actividades ilícitas en todo el territorio nacional.
Finalmente, la ONU, en su “Manual de Mediación del Cese al Fuego” reconoce que “Los acuerdos de cese al fuego efectivos no solo consisten en detener los combates entre los beligerantes, sino que protegen a los civiles y permiten el acceso humanitario a poblaciones vulnerables”, *una posición definitiva en su papel de parte y vocera del Mecanismo de Monitoreo y Verificación; una garantía para las comunidades esperanzadas en la paz.
Porque los términos de la paz se negocian y se firman entre contradictores en busca de puntos de encuentro, pero la verdadera paz, la paz con rostro, se construye a partir de transformaciones que cambien la vida de las personas.
Por eso, hoy estamos en “la hora de la gente” y el Mecanismo es su garantía.
