Por: Martín Chivatá Negro X: Martin_Chivata
La ideologización de la seguridad es peligrosa y está costando vidas.
La seguridad en Colombia atraviesa uno de los momentos más críticas, y las medidas del gobierno de Gustavo Petro no solo resultan pocas e ineficientes, sino que están llevando el país a una verdadera crisis. Con un panorama desalentador marcado por el aumento de secuestros, homicidios y extorsiones, el gobierno ha optado por debilitar las capacidades de la Fuerza Pública. El Decreto 1231 de 2024, expedido esta semana, limita significativamente el accionar de la Policía y el Ejército, es un claro ejemplo de cómo en momentos de alta necesidad, se están tomando decisiones que dejan a los ciudadanos más vulnerables que nunca a la merced de la criminalidad.
Dicho decreto, con la intención de promover una mayor «proximidad con la ciudadanía” y “respetar los derechos humanos», impone restricciones que entorpecen la acción eficaz de la fuerza pública. Al establecer protocolos excesivamente rigurosos, se obstaculizan las operaciones clave contra el crimen organizado y, en consecuencia, se facilita el actuar de grupos armados ilegales. Mientras tanto, zonas como el Cauca, Arauca y Catatumbo, se ven cada vez más controladas por disidencias de las FARC, el ELN y carteles de narcotráfico dejando a los colombianos en manos de un Estado incapaz de ofrecer seguridad.
La llamada política de “paz total” que promueve el presidente Petro, lejos de pacificar y traer seguridad, refleja su sentido de rendición tácita ante los violentos.
Bajo su mandato, la Fuerza Pública ha sido constantemente debilitada ─retiro de más de 60 generales y almirantes de todas las fuerzas, resoluciones absurdas que generan miedo y condenan el actuar legítimo de las fuerzas del Estado, pronunciamientos atacantes hacia la Policía y Ejército─ mientras los grupos armados aprovechan para fortalecerse. El argumento de que estas medidas buscan proteger los derechos humanos no se traduce en la realidad: lo único que ha logrado es facilitar el avance de quienes imponen la violencia como su modus operandi.
Ideologizar la seguridad resulta no solo peligroso sino mortal. Colombia no puede seguir en manos de un gobierno que prioriza pactar con violentos antes que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El país necesita un liderazgo que entienda la gravedad de la situación y tome medidas efectivas para restablecer el orden y el respeto por la institucionalidad.
Los avances en seguridad de los anteriores gobiernos, la experiencia y el conocimiento en inteligencia y seguridad están siendo desmantelados y el pueblo colombiano, cada vez más indefenso, ve cómo el Estado fracasa en su obligación más básica: proteger la vida y los derechos de su ciudadanía.
Es imperioso que esta política autodestructiva sea revertida antes de que el caos y la violencia se consoliden como la nueva normalidad en el país. Si no se toman medidas urgentes, Colombia continuará en un clima de inseguridad que llevará a la desesperación y al descontrol total del territorio resultando Colombia un estado fallido.
La pregunta para reflexionar: ¿Se debilita la fuerza pública, su honor y legado para fortalecer los asquerosos grupos armados ilegales, criminales, narcotraficantes de izquierda para financiar y coaccionar a la población y continuar en la presidencia a la fuerza?
