La vicepresidenta de la veeduría contra la corrupción en Magdalena, Diana Patricia Arias Martínez, es señalada presuntamente por padres de familia de no entregar uniformes deportivos pese a haber recibido $3.5 millones. Solicitan la revocatoria de la resolución que la avala.
Un nuevo escándalo sacude a la veeduría ciudadana en el Magdalena, luego de que se denunciara una presunta irregularidad en el manejo de fondos destinados a la compra de uniformes para las olimpiadas Alunistas 2024 en la IED Aluna, en Santa Marta. La denuncia fue interpuesta por Edifonso Orozco Barros, veedor ciudadano, quien solicitó la revocatoria de la resolución 70 del 29 de mayo de 2024, la cual formaliza la creación de la veeduría “Departamental Contra la Corrupción.”
Orozco alega que Diana Patricia Arias Martínez, vicepresidenta de la mencionada veeduría, recibió presuntamente cerca de $3.5 millones por parte de padres de familia de los grados 10-2, 9-2 y 8-3 para la adquisición de uniformes deportivos. Sin embargo, a la fecha, los uniformes no han sido entregados, lo que ha llevado a los padres a sentirse estafados. Según el veedor, esta situación no solo incumple con la ley 1757 de 2015, que regula el control social a la gestión pública, sino que además se tipifica como un posible conflicto de interés, ya que Arias también es madre de familia en la institución.
La IED Aluna es objeto de control por parte de la veeduría al manejar recursos del estado, lo cual, según el artículo 19 de la Ley 850 de 2003, prohíbe a sus integrantes ser proveedores de bienes o servicios relacionados con el programa objeto de vigilancia. Ante esta situación, Edifonso Orozco ha solicitado al personero de Santa Marta, Edwar Orozco Oñate, que se revoque la resolución que avala a la veeduría, argumentando una violación a los principios de moralidad, transparencia y control en la gestión pública.
