La Senadora denuncia que el presidente Petro pretende reescribir las reglas de la justicia para blindarse de tutelas, vulnerando la Constitución y eliminando los contrapesos institucionales.
La Senadora María Fernanda Cabal radicó una demanda de nulidad contra el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, al que calificó como un acto descarado de abuso de poder. El decreto, que modifica la competencia para conocer tutelas contra el Presidente, fue denunciado por la Congresista como un intento deliberado de legislar en causa propia y desmontar los contrapesos institucionales del Estado.
A través de su cuenta en X, la Senadora hizo pública la radicación del recurso y advirtió que no se quedará callada frente a lo que considera “una amenaza directa al Estado de Derecho”. El decreto firmado por el presidente Petro y su Ministro de Justicia permite que las tutelas contra el Jefe de Estado ya no sean decididas por el Consejo de Estado —tribunal especializado, con neutralidad y rigurosidad técnica—, sino por jueces de circuito ordinarios. Para Cabal, se trata de una jugada burda para garantizarse impunidad y debilitar a propósito la administración de justicia.
“No vamos a permitir que se altere el acceso a una justicia imparcial con un decreto inconstitucional, diseñado a la medida del poder. Esta es una maniobra ilegal, peligrosa y funcional al régimen que Petro intenta consolidar en Colombia”, aseguró la senadora. Cabal también señaló que el artículo 152 de la Constitución es claro: cualquier reforma a la estructura de la justicia debe tramitarse como ley estatutaria, aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional. “Petro se salta la ley, evade el Congreso y se otorga facultades que no tiene. Está desmontando el equilibrio de poderes con la firma de un decreto”, denunció.
El contenido del decreto, que según la Senadora desmonta el principio del juez natural, es visto como un retroceso institucional sin precedentes. Las tutelas contra el Presidente, que involucran asuntos sensibles como seguridad nacional o decisiones de alto impacto, quedarían ahora en manos de jueces sin especialización ni experiencia en esta materia. “Estamos frente a un intento descarado por silenciar la justicia y evitar el control. Con esta decisión, Petro institucionaliza el abuso presidencial”, sentenció.
Cabal alertó además sobre el contexto más amplio de esta movida: una Corte Constitucional debilitada, una Fiscalía bajo control político y ahora un Consejo de Estado desplazado de sus funciones. “Petro no quiere justicia, quiere obediencia. No quiere contrapesos, quiere sumisión. Este decreto es una pieza más en su rompecabezas autoritario”, afirmó.
La demanda ya fue interpuesta, y la senadora reiteró que luchará en todas las instancias para impedir que se consolide lo que ella llama “un régimen sin límites”. De mantenerse este decreto, advirtió, se normaliza que un Presidente redacte las reglas del juego para protegerse a sí mismo de la justicia.
