Por Lina Maria Peña
El panorama político-administrativo que actualmente se presenta en la ciudad de Santa Marta, ha traído consigo una serie de preocupaciones laborales que afectan directamente a los contratistas de las entidades de la administración e igualmente los entes descentralizados.
De acuerdo con las informaciones recolectadas, los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión que eran entregados a cientos de profesionales y no profesionales, tenían como fecha de culminación el día 30 de mayo y con los cambios que se realizaron en cada una de las carteras, todo parece indicar que se revisarán las actuaciones administrativas que venían desarrollando y de allí saldrá el nuevo proceso de contratación.
A raíz de esta información, se consultaron varias fuentes para tratar de entender la situación que tiene en vilo a cientos de personas que prestan sus servicios en la Alcaldía de Santa Marta y sus dependencias y efectivamente nos confirmaron que la preocupación es evidente.
El nuevo proceso contractual que se avecinaba en cabeza de la administración, tenía como fin verificar el compromiso con sus candidatos y para ello una de las formas de cumplir, era revisar el proceso de recolección de firmas en favor de los designados por el movimiento del exalcalde e igualmente la ya conocida articulación en redes sociales para generar contenido y tendencias que ayudarán a poner en conocimiento a nivel nacional lo que llaman él asalto a la Alcaldía.
Con lo que no contaban los militantes del movimiento del exalcalde, es que la situación judicial de Martínez se prolongara en el tiempo y que la designación de Rugeles aún se mantuviera, y en ese sentido se produciría un efecto bastante lesionador para aquellos que por un contrato se mantenían cercanos al caicedismo.
Elarticulo.co, ha conocido que muchos de esos contratos solo abultaban las nóminas y desangraban las arcas del distrito tan solo con la finalidad de mantener una estructura política, para lo cual los nuevos secretarios están revisando los informes de actividades e incluso fotografías donde se evidencia la constante participación de los contratistas en actividades y marchas con fines políticos que en la actualidad desarrollan en contra de la administración aún cuando esta misma es la que les contrata y les cancela sus honorarios.
Recientemente, el saliente alto consejero para la zona rural, Raúl Pacheco, dijo a un medio local que son alrededor de mil contratos los que están por terminar este mes y más allá que este tipo de relación contractual no obliga a renovarlos, han calificado que no hacerlo es prácticamente una masacre laboral.
Estos hechos más allá de afectar a quienes venía contratados por la administración, tienen una connotación muy serie en razón a que se estaría hablando de una presunta nómina paralela de mil personas, superando la planta de la Alcaldía, con la finalidad de beneficiar políticamente los interés personales del movimiento que regenta el caicedismo.
