Asesinatos, amenazas a líderes sociales, narcotráfico, destierro y dominio territorial. Las estructuras que heredaron el poder de Hernán Giraldo, hoy en guerra contra el Clan del Golfo, han convertido al distrito turístico en una zona donde el miedo y el silencio presagian el regreso a épocas oscuras.
Por: La liga contra el silencio
Hacía mucho tiempo que Alejandro Llinás había superado el miedo. “A él no lo callaba nadie”, recuerda su hijo Alejandro, siete meses después del atentado. El pasado 23 de abril dos sicarios llegaron hasta su finca en la vereda Calabazo (Guachaca, Santa Marta) y le propinaron cuatro balazos.
Llinás, de 71 años, era líder social, ambientalista, socio fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo parte alta y militante del partido Colombia Humana. Dicen sus amigos que amaba la naturaleza y estaba convencido de que el futuro para la humanidad implica volver al campo. En su finca quería sembrar cañandonga y aguacate; y pensaba crear una cooperativa campesina para impulsar los huertos comunitarios y promover el intercambio de productos entre los habitantes de la zona. Llinás soñaba con recorrer Cuba en bicicleta. Iba a hacerlo en junio.
En los días previos a su asesinato le escribió una carta a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. En ella le informaba sobre los peajes ilegales que montaron los paramilitares en el acceso que conduce de Calabazo al Pueblito Tayrona; una práctica que se extendió a otras veredas de la Troncal del Caribe. La carta además contaba cómo estos grupos crearon una empresa de mototaxis que transportaba personas por un camino peligroso, y perturbaba la fauna y la tranquilidad de los vecinos.
En su escrito, Llinás acusaba a Parques Nacionales de permitir la caza furtiva. También denunció que las quebradas se están secando por el uso indebido del agua y le pidió a Caicedo presencia para controlar el “desorden”. Le rogó para que impidiera a “las mafias del turismo” apoderarse de esta área. Por último pidió confidencialidad, porque otra carta que llevó a la Secretaría del Interior acabó en manos de la Policía y eso, paradójicamente, lo hacía sentirse en peligro.
Hacía años que Llinás, un temerario, había cazado una pelea por el territorio y el ambiente. Pero ignoró las señales de alarma: le robaron herramientas, le mataron a un caballo, a una yegua, a un perro. Con su carta infringió una ley no escrita en Santa Marta, según la cual levantar la voz es ganarse la muerte.
Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio.
De todo esto se habla en voz baja, porque el grupo tiene ojos y oídos por toda Santa Marta y su zona rural. La Liga consultó a 31 fuentes, algunas de las cuales están en el exilio, otras amenazadas y temerosas. “Aprendimos que para sobrevivir debemos quedarnos callados”, dijo una lideresa.
Una historia de violencia
Los Pachencas son el brazo armado de la Oficina Caribe, un centro administrativo, económico y de decisión que el paramilitar Hernán Giraldo creó en 2004. Allí se reúnen los líderes de la organización, muchos de ellos hijos suyos con las decenas de niñas que violó, según una sentencia de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que lo califica como “depredador sexual” .
El 3 de febrero de 2006 el bloque paramilitar Resistencia Tayrona que Giraldo comandaba a las órdenes del tenebroso Bloque Norte de ‘Jorge 40’, se acogió al proceso promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe bajo la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Unos 1.166 miembros de esa organización entregaron 597 armas, 350 granadas, cuatro cohetes PG7 y 73.420 municiones, según los tribunales de Justicia y Paz.
En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó a Giraldo hacia Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares para que respondieran por cargos de narcotráfico. Desde entonces alias ‘El Patrón’ paga cárcel allá, pero su regreso a Colombia se espera a inicios de 2021, y esto ha agitado más el avispero en Santa Marta.
La desmovilización que no fue
La reconfiguración de la Oficina Caribe y de Los Pachencas se explica porque mientras se producía el proceso del 2006, otro grupo de combatientes permaneció en armas y en el monte, conservando buena parte de su estructura y de su modus operandi. “Lo que presenciamos fue una falsa desmovilización; muchos mandos medios se quedaron en el territorio, se fueron reorganizando y desde entonces han ido creciendo”, explican desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
“Los paramilitares mutaron en la forma de ejercer control, pues no se presentan masacres ni desapariciones forzadas con la misma intensidad que antes, pero mantienen viva su verdadera naturaleza, que es el narco. Y aunque han sufrido golpes importantes, tienen una gran capacidad para diversificarse y poner a otros cabecillas”, señala la politóloga e investigadora Priscila Zúñiga.
La Oficina Caribe y su brazo armado, Los Pachencas o Autodefensas Conquistadores de la Sierra forman parte fundamental del entramado de poder en la sombra en Santa Marta: permiten o bloquean la entrada de otros actores delincuenciales, acaparan tierras, controlan el turismo y hasta han impuesto un Plan de Ordenamiento Territorial paramilitar (POT) tácito, mediante el cual se han ido apropiando de los mejores predios; además, deciden quién vende y quién compra lotes y cuánto porcentaje se paga por esas transacciones a lo largo y ancho de las veredas de la Troncal del Caribe, según aseguró un investigador del conflicto que por seguridad prefiere mantener su nombre en reserva.
La Liga constató la existencia de los peajes ilegales que denunció Alejandro Llinás y que también son parte del supuesto POT paramilitar. No solo en Calabazo, también están en Bahía Concha, en Quebrada Valencia, en Don Diego, en Machete Pelao, en Mendihuaca, en Buritaca, entre otros. En las cabañas de esta playa, por ejemplo, era fácil que en un fin de semana pre-pandemia acudieran entre 7.000 y 10.000 personas, lo que supone una renta millonaria que en teoría recogen las Juntas de Acción Comunal.
Para subir a la Poza Encantada, entrando por la vereda Mendihuaca, hay que hacer un alto en el camino y pagar 5.000 pesos por persona. La Junta dice en un cartel que se trata de un “recaudo por concepto de mantenimiento y visión fundamental, basado en el ecoturismo para el cumplimiento de una función social” y se ampara en la Ley 300 de 1996, que de ninguna manera avala el recaudo por parte de estas organizaciones.
¿Por qué la alcaldía de Santa Marta permite estos peajes? ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Quién rinde cuentas? Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía, dijo desconocer la existencia de los peajes: “Para mí esto es totalmente ilegítimo, no tenía conocimiento; rechazamos este tipo de acción. No se puede hacer ningún tipo de recaudo si uno no está autorizado por la nación o el distrito. Pobladores, juntas de acción comunal o delincuencia organizada que quieran desarrollar este ejercicio están infringiendo la ley. Según el código penal esto es enriquecimiento ilícito, así que daré aviso a las autoridades judiciales para que se inicien las investigaciones de tipo penal”.
Algunos propietarios de kioscos que ofrecen comidas en las veredas turísticas de la Troncal le reconocieron a La Liga, bajo absoluta reserva por miedo a represalias, que “los paramilitares” imponen los precios de los servicios que prestan los establecimientos. Incluso les envían a unas ‘encuestadoras’ que anotan cada plato que venden. Una parte de lo que se cobra, y que se les carga a los turistas, va a parar a manos de estos grupos. Pasa lo mismo con los mototaxistas, con los locales del mercado y del centro, con los negocios de los barrios más vulnerables. Casi nadie se salva de la vacuna.
Y no es que se trate de algo nuevo. Los samarios parecen haberse acostumbrado a convivir con la extorsión y la intimidación desde los tiempos más oscuros de Hernán Giraldo y sus autodefensas. Pero el fenómeno, lejos de disminuir -como se esperaba con la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona-, ha empeorado. Además de las rutas de exportación de cocaína, Los Pachencas encontraron en el turismo, al que llaman el ‘oro verde’, otro filón.
Varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo vienen advirtiendo hace tiempo de la grave situación que se vive en Santa Marta. En la 045 de mayo de 2018 se asegura que las empresas de turismo pagan a Los Pachencas 50.000 pesos por cada turista que ingresa al Parque Tayrona, lo que supone unos 750 millones de pesos al año si se toma como referencia 2016, cuando visitaron la reserva natural unas 15.000 personas.
En principio, el discurso conservacionista de Parques Nacionales no chocaba con los intereses de los paramilitares, pero eso cambió cuando se produjo la desmovilización y cuando se empezó a hablar de la “confianza inversionista” que impulsaba el presidente Uribe. La Troncal del Caribe, que había sido una zona históricamente abandonada a su suerte, manejada por Giraldo y su gente, comenzó a experimentar el boom del turismo.
“Los paras entendieron que ya no funcionaba matar gente porque sí, sino que había que abrirse a otro tipo de segmentos, como el del turismo. Eso sí, bajo sus condiciones. Entonces, si alguien vende una propiedad se impone un 10 % más sobre el precio del predio, que va para ellos. Eso termina siendo un negocio redondo que lo que busca, como sea, es que se produzcan cambios en el uso del suelo para seguir expandiendo sus intereses. A la larga, la industria del turismo les resulta incluso más rentable que la coca”, explica el investigador antes citado.
En la alerta temprana 045 de mayo de 2018 y también en la 044 de octubre de 2019 se avisaba del “grave riesgo” bajo el que se encuentra Santa Marta por la presión que ejercen Los Pachencas y otros grupos armados. Incluso se llamaba la atención sobre el peligro que corrían los funcionarios de Parques que tratan de hacerle frente a la voracidad con la que el modelo de turismo que promueven los paras está acabando con la Sierra Nevada. Ocho meses después de la alerta 045, asesinaron al guardaparques Wilton Orrego.
“En Colombia la gente está pendiente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, pero nadie parece fijarse en lo que pasa en Santa Marta. Nadie nos mira”
lideresa Santa Marta.
Cualquiera que se les atraviese a los intereses de Los Pachencas acaba convertido en objetivo militar. Como le pasó a Alejandro Llinás. Como les ha ocurrido a tantos líderes que viven bajo la angustia de las amenazas por defender su territorio. “En Colombia la gente está pendiente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, pero nadie parece fijarse en lo que pasa en Santa Marta. Nadie nos mira. No puede ser que yo tenga que estar pensando en irme a otro país para conservar mi vida. A la mayoría de mujeres que ejercemos algún tipo de liderazgo por aquí, las han arrinconado. Hemos tenido que bajar el perfil porque no queremos que nos maten a nosotras o a un familiar”, relata una lideresa.
La pugna por el narcotráfico
Un punto de inflexión ocurrió en el 2012, cuando se desató una guerra frontal por el control del narcotráfico entre el Clan del Golfo, una temida organización heredera de las AUC, y la oficina Caribe. Aquel año se recuerda como uno de los más violentos en la historia reciente de Santa Marta. En total, se registraron 213 homicidios, una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional.
“Esa guerra la ganó la Oficina Caribe”, afirma el investigador que consultó La Liga. Los años siguientes bajó considerablemente la tasa de homicidios y coincidió con la llegada de la entonces coronel Sandra Vallejos (hoy secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana) a la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entre 2014 y 2017.
En tiempos de la coronel Vallejos se pasó de más de 200 homicidios en 2012 a 80 en 2015. Fue en su comandancia que la Policía comenzó a hablar de ‘Los Pachencas’ como una banda delincuencial que azotaba a la región. Al frente de este grupo se encontraba Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, abatido en un operativo en junio de 2019 y quien presuntamente estaba a punto de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. “Eso implicaba delaciones y no lo iban a dejar ir tan fácilmente. De hecho, circula la versión para nada descabellada de que fue asesinado por sus propios hombres”, asegura el investigador.
La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que ha detenido a unos 160 integrantes de ‘Los Pachencas’ por cuenta de la llamada ‘Operación Odín’. También fue abatido Deimer Patiño Giraldo, alias 80, sobrino de Hernán, quien asumió el mando después de ‘Chucho Mercancía’. El siguiente cabecilla, alias 55 o ‘Beto Quiroga’, desmovilizado de Justicia y Paz, fue detenido en septiembre. Quiroga contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, según la Fiscalía, fue él quien impulsó la etiqueta de Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
Los golpes a Los Pachencas se han dado en medio de una guerra con el Clan del Golfo que se ha recrudecido. Una guerra particularmente perversa en la que se han aliado, se han combatido, se han vuelto a aliar y se han vuelto a enfrentar. Y en la que han ido entrando en escena otros actores armados, como ‘los Musso’ y la estructura de Elkin López, alias ‘La Silla’, supuestamente un poderosísimo ‘logístico’ del narco vinculado al Clan del Golfo (aunque perteneció a la Oficina Caribe) que tiene casa por cárcel en Barranquilla y está a la espera de que se le defina su posible extradición a Estados Unidos, según fuentes policiales.
“Todo apuntaría a que este capítulo lo va a ganar el Clan del Golfo; estamos hablando de una estructura transnacional con una influencia muy fuerte”, señala el investigador. El puerto de Santa Marta, ‘la joya de la Corona’, y una plaza apetecida por el cartel mexicano de Sinaloa, es el tercero del país por donde más se decomisa droga. Según datos de la Policía Antinarcóticos, las incautaciones de cocaína han pasado de 1.839, 77 kilos en el 2016 a 5.261,28 en lo que va de 2020, con un pico de 9.012,58 kilogramos en el 2018. En el puerto de Santa Marta, en plena bahía, han caído en los últimos cinco años 2.443,34 kilogramos de cocaína. La principal modalidad de ocultamiento de la mercancía ha sido en las estructuras de los contenedores y en la carga. Los países de destino son, sobre todo, Bélgica, Holanda, Alemania y Jamaica.
La disputa entre Los Pachencas y el Clan del Golfo no ha dejado por fuera a los barrios más vulnerables de la zona urbana de Santa Marta. Una lideresa contó a La Liga que el Clan lleva a cabo una campaña decidida por reclutar jóvenes. “Les pagan 1,4 millones de pesos”, dice. Los Pachencas, en cambio, ofrecen una moto, un salario mínimo y un arma. Esta mujer, que intentó impulsar un plan de desarme en su barrio, vive con esquema de seguridad y bajo amenazas constantes. “Por aquí lo que hay es mucho miedo. Estamos asistiendo a una peligrosa reconfiguración de las estructuras criminales, un retroceso total. Y la percepción es que no se trata solo de Santa Marta, sino del Magdalena entero. Por aquí hay fronteras invisibles, controles silenciosos, intimidación. A mí me mandaron a decir que me orille, que es algo así como que me quede quieta”, relató.
Una exhibición de fuerza
El pasado 27 de octubre circuló a través de WhatsApp un video de casi 18 minutos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que sacudió a Santa Marta. En una exhibición inédita de fuerza, una docena de hombres y mujeres armados con fusiles, vestidos de camuflaje y pasamontañas, se anunció como un grupo cohesionado que cuenta con varios frentes. “Por primera vez en largos años de lucha militar nos presentamos para aclarar que no estamos diezmados ni moral, ni militarmente”, dijo el portavoz.
Las ACSN acusaron al gobernador Caicedo de supuestas reuniones políticas con la organización (algo que niega Caicedo) en busca de votos y a Sandra Vallejos de ‘pacificar’ Santa Marta a través de un pacto con alias ‘Chucho Mercancía’ para “revelar información de enemigos y generar capturas que en su momento se dieron para favorecerla”. El portavoz de las ACSN incluso afirmó que a Vallejos se le pagaron 300 millones de pesos por las más de 200 armas que desaparecieron del armerillo de la Policía Metropolitana cuando ella era comandante, un escándalo que se destapó en el 2016, que sigue sin aclararse y que todavía rodea a la excoronel. Sobre este asunto Vallejo no quiso pronunciarse.
Los analistas que consultó La Liga consideran que el video de las autodefensas es “una declaración de intenciones cargada de verdades a medias”, pero no lo desestiman. “Lo nuevo es que tienen afán de mostrarse como una organización político-militar que tal vez pide pista para una eventual negociación con el gobierno. Pero yo no los llamaría paramilitares, sino violencia post-AUC. Se trata de otras formas de crimen organizado, pero no paramilitares, porque estos no son contrainsurgentes”, opina Luis Fernando Trejos, profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.
El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, declaró en una rueda de prensa que el comunicado de las ACSN es “falso” y lo describió como “una estrategia de Los Pachencas porque están debilitados”. La Liga intentó conocer la versión del Ministerio de Defensa, pero no respondió. Unas semanas después del comunicado se produjo la captura de alias ‘el Negro’ o ‘Yesid’, el mismo hombre al que las ACSN acusaron en el video de estar detrás de la muerte de Alejandro Llinás.
Para el secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, José Humberto Torres, las armas, los uniformes y hasta la edición del video demuestran que se trata de “un grupo armado organizado (GAO) y no de un grupo de delincuencia organizada (GDO)”. El matiz es importante porque la Gobernación viene pidiendo la recategorización de los actores armados que operan en la región. Ser considerado un GAO o un GDO determina de qué manera deben ser enfrentados: si a través de operativos militares o policiales. “Hemos dicho y seguiremos reiterando que la situación es muy grave. Eso es algo que no se puede maquillar. Estamos frente a unos grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”, aseguró Torres.
Mientras, la tensión sigue en aumento en Santa Marta. Casi tanto como los homicidios: 94 en 2017, 105 en 2018, 127 en 2019 y hasta el pasado 10 de noviembre, con pandemia incluida, 103, según cifras de la Policía. Algunos habitantes de zonas veredales atestiguan la presencia de cuadrillas de hombres patrullando por el territorio. Detrás de la aparente tranquilidad de la Santa Marta turística se esconde otra ciudad atemorizada por la violencia. “Es como si nos estuviéramos devolviendo al pasado más tenebroso”, fue el mensaje que más repitieron varias de las fuentes de este reportaje. Incluso un alto cargo municipal llegó a lanzar una frase lapidaria: “No es que hayamos perdido el control. Es que nunca lo tuvimos”.
La alcaldesa Virna Johnson le respondió un cuestionario a La Liga en el que dice que rechaza “de forma categórica afirmaciones como la existencia de control territorial por parte de Grupos Armados Organizados. El control territorial solo lo ejerce la autoridad pública por mandato de la Constitución y la Ley y es ello lo que hemos venido gestando con diferentes actuaciones en sectores de especial atención y protección”.
¿Volverá al mando?
El regreso de Hernán Giraldo y otros exmiembros del Bloque Resistencia Tayrona en 2021 dibuja un escenario perturbador. Aunque tiene más de 70 años y luce disminuido, algunos creen que Giraldo podría fortalecer la estructura y volver al mando. Incluso desde la cárcel. Su salida del centro de reclusión Beaumont Low (Texas), donde se encuentra, está prevista para el próximo 1 de abril. Según la Fiscalía, cuando vuelva al país deportado o extraditado, iría a la cárcel por la condena de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. La Fiscalía ha solicitado tres medidas de detención preventiva adicionales.
La Comisión Colombiana de Juristas y la organización Dejusticia creen, sin embargo, que lo más probable es que el antiguo líder, aún vinculado a Justicia y Paz, quede en libertad aquí tras pagar cárcel en Estados Unidos. “Puede ocurrir lo mismo que con Nodier Giraldo [su sobrino, ahora cantante de rancheras y corridos], que al regresar solicitó sustitución de la medida de aseguramiento y le fue otorgada. En este caso esa sustitución solo podría ser controvertida por la Fiscalía o representantes de las víctimas en los supuestos contemplados en la Ley 975”, dijeron en Dejusticia.
Otro que ya volvió a Santa Marta fue Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, supuesto financiero del Bloque Resistencia Tayrona y expulsado de Justicia y Paz. Castillo pasó cinco años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Ahora es líder de una asociación de afrodescendientes, se reúne con políticos y ha propuesto la creación del municipio Sierra Nevada, que agruparía a las veredas de la Troncal del Caribe. En el peor momento de la pandemia se dedicó a repartir mercados entre los habitantes de la zona.
Sobre su “nueva vida” hay sospechas. La Fiscalía le dijo a La Liga que Castillo tiene activo un proceso por concierto para delinquir agravado. Alias ‘Pinocho’ se mueve con un esquema de seguridad de seis hombres, tres de la Unidad Nacional de Protección y otros tres pagados por él. Vía telefónica le aseguró a La Liga que no tiene ningún proceso abierto y que hace dos meses se fue del país por amenazas de Los Pachencas, del Clan del Golfo y del ELN.
“No estoy armando ningún grupo. Al contrario, he denunciado a los que mataron a líderes sociales, y estoy dispuesto a contar toda la verdad sobre el paramilitarismo. Todavía hay muchos demonios encerrados. En cuanto aclare mi situación volveré a Santa Marta”, dijo Castillo. Su presencia en la zona despierta los peores miedos. Como en las épocas oscuras, cuando reinó el clan Giraldo.
