Fallo de acción de tutela en el día de ayer, determinó que moción de censura de los diputados de la asamblea del magdalena contra secretaria de salud departamental, se encontraba ajustada a derecho.
El juzgado cuarto de pequeñas causas y competencias múltiples de Santa Marta, mediante fallo de acción de tutela de la fecha, interpuesto por la señora DIANA CELEDON SANCHEZ, a través de su apoderado judicial Gabriel Escobar Jimenez, resolvió, NEGAR el amparo constitucional solicitado por la Secretaria de Salud Departamental, contra los diputados del Magdalena que aprobaron mediante proposiciones 074 y 077 de 2021, formular MOCIÓN DE CENSURA frente a la mencionada funcionaria departamental, que había sido convocada a una audiencia para el día 26 de julio de la anualidad, por haberse declarado insatisfactoria las respuestas entregadas con base al cuestionario remitido por la corporación, cuyo debate para tomar una decisión de fondo, estaba programado en el recinto de la duma y el cual había sido suspendido de manera transitoria por una medida cautelar proferida el día 21 de julio del presente, dentro del trámite del proceso y que a través del citado fallo el despacho judicial ordenó también levantar.
Dentro de la parte motiva de la decisión judicial, la Juez: Rocio Paternostro Aragon, concluyó de manera clara, que: “EL ACTUAR DE LA ASAMBLEA SE ENCONTRABAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN EL TEMA DE LA MOCIÓN DE CENSURA ”
En virtud de lo anterior, la Asamblea del Magdalena podrá conforme lo previsto por el acto legislativo 01 de 2007, concordante las normas adoptadas para dicho procedimiento en el Reglamento interno de la corporación, y en el marco del debido proceso, volver a reiniciar la aplicación de esta figura jurídica dentro del último periodo de sesiones ordinarias de la corporación a desarrollarse entre el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2021.
Con esto queda evidenciado una vez más, que el Gobernador CARLOS CAICEDO y su Secretaría de Salud DINA CELEDON SANCHEZ, lo que buscaban era a través de artimañas y estrategias jurídicas dilatorias, evitar el derecho que nos asiste a los diputados de ejercer el verdadero e independiente Control Político frente a los actos y acciones que profieren los secretarios de los despachos de la administración departamental, y en particular aquellos que ejercen funciones de supervisión y ejecución en la prestación de los servicios públicos esenciales del sector salud en cuanto a los presuntos actos de corrupción, la contratación irregular del personal médico sin el lleno de los requisitos legales y la complicidad sobre la pérdida de vidas humanas en las salas UCI de las ESE municipales donde se vienen atendiendo la población afectada por la pandemia del COVID-19.
