El presidente de Fedegán solicitó al próximo Gobierno eliminar el Decreto 0765 de 2026, al advertir que la norma sobre reforma agraria podría generar inseguridad jurídica, afectar el acceso al crédito y comprometer los derechos de los propietarios rurales.
El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, solicitó al gobierno entrante la derogación del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, al considerar que la norma representa un riesgo para la propiedad privada y podría generar efectos negativos sobre la seguridad jurídica en el sector agropecuario.
El decreto, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reglamenta el saneamiento de predios y mejoras que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquiera o reciba para los procesos de reforma agraria. Sin embargo, Fedegán sostiene que varias de sus disposiciones podrían afectar los derechos de los propietarios y alterar el funcionamiento del sistema registral colombiano.
Fedegán cuestiona los alcances del decreto
Entre los principales reparos expuestos por Lafaurie está la posibilidad de que la ANT produzca efectos registrales con una simple promesa de compraventa y un acta de entrega. Según explicó, esto permitiría solicitar la inscripción de un código registral especial de utilidad pública que, aunque se presenta como una medida informativa, tendría consecuencias inmediatas sobre el folio de matrícula inmobiliaria del predio.
El dirigente gremial también manifestó su preocupación porque la norma autoriza la denominada «posesión inmediata» sin necesidad de que exista una entrega física del inmueble. A su juicio, esto implica que la ANT pueda asumir el control jurídico y administrativo del predio antes de culminar el proceso definitivo de transferencia o de resolver eventuales controversias.
Otro de los aspectos cuestionados es la facultad otorgada a la ANT para ordenar la cancelación de gravámenes, limitaciones y medidas cautelares, así como solicitar la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria libre de anotaciones anteriores. Para Lafaurie, esta disposición modificaría de manera indirecta el Estatuto Registral, desplazando funciones que corresponden a jueces y registradores.
Alertan por impactos en el sector agropecuario
Fedegán advirtió que la permanencia del decreto podría generar inseguridad jurídica debido a que, mientras la norma continúe vigente, podrían efectuarse cambios registrales difíciles de revertir incluso si posteriormente el Consejo de Estado decide anularla.
Asimismo, el gremio señaló que la inscripción del código de utilidad pública podría afectar el acceso al crédito para los propietarios, ya que los predios perderían valor como garantía ante las entidades financieras, limitando la aprobación o renovación de préstamos.
Lafaurie agregó que otra de las consecuencias sería el desplazamiento de los derechos reales sobre la tierra, pues los propietarios podrían terminar reclamando únicamente una eventual indemnización económica al Estado mediante procesos judiciales prolongados.
Finalmente, el presidente de Fedegán cuestionó el trámite del decreto, al afirmar que el proyecto permaneció pocos días en consulta pública antes de ser expedido. Por ello, hizo un llamado al gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella y al designado ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para que deroguen el Decreto 0765 de 2026, al considerar que genera incertidumbre para la propiedad privada y para el desarrollo del sector agropecuario colombiano.
