“Estamos mamados de los atracos”: con una frase que diría cualquier samario, pero con las manos lavadas como Poncio Pilato, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez echó la culpa de la inseguridad que vive la ciudad a la Policía.
El Mandatario llamó a responder a las autoridades de Policía por la ‘ola de atracos’ que vive el Distrito; sin embargo, omitió el hecho que en el Distrito hay una Secretaría de Seguridad que solo es útil a la hora de asistir a Consejos de Seguridad y desalojar vendedores en el Mercado.
Asimismo, el Alcalde no se refirió a los más de $6 mil millones en contratos para estrategias de seguridad que el Distrito ha suscrito desde 2012 con la Fundación Paz y Reconciliación.
El Alcalde aseguró que parece que las autoridades trabajan en un plan tortuga en Santa Marta.
“No sé qué está pasando dentro de la Policía Metropolitana, sin embargo, estamos por creer que se trata de un ‘plan tortuga’ por parte de la institución, hasta la fecha no hemos visto resultados para afrontar este delito. También nos enteramos que un miembro de la policía fue víctima de hurto, esta situación nos preocupa aún más”.
Sin embargo, el mandatario olvidó u omitió que, en su ‘miscelánea’ de cargos en las secretarías del Distrito, en la administración de Carlos Caicedo, entre esas la Secretaría de Gobierno y desde el 1 de enero de 2016 que empezó su administración, suscribió contratos como: el 009 del 11 de mayo de 2017 el cual tendría como objeto “aunar esfuerzos a través del acompañamiento en la gestión de los diferentes procesos de la seguridad y la convivencia en el Distrito de Santa Marta por medio de la construcción e implementación de diferentes herramientas y estrategias de política pública”.
CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN CAICEDO
Desde el comienzo del proceso de paz a mediados de 2012 León Valencia vio la oportunidad de negocio y el 7 de abril de 2013 inscribió oficialmente la Fundación Paz y Reconciliación, una entidad sin ánimo de lucro, con el objeto social de “investigar, analizar, impulsar y promover acciones en relación con el conflicto armado, la paz, el posconflicto y la seguridad para contribuir a la profundización de la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y desarrollo, mediante el fortalecimiento del estado social de derecho y la sociedad civil, que se ha distinguido por su labor social a favor de la población en general y goza del reconocimiento social, ético y publico por su experiencia”
No habían pasado meses de la creación de la fundación de León Valencia cuando ya estaba contratando con la Alcaldía de Santa Marta. Desde enero de 2014 hasta lo que va corrido de 2017 la lista de contratos es larga: El 24 de enero de 2014 Paz y Reconciliación suscribió el contrato 002 por valor de $231 millones y cuyo objeto fue “aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para contribuir al desarrollo de la línea 1.1.3 del plan de desarrollo 2012-2015 “equidad para todos primeros los niños y las niñas” por medio del apoyo a la implementación de las políticas públicas de víctimas, el plan de prevención y la garantía de no repetición”
Dentro de este contrato se establecieron obligaciones como fueron ´Brindar información actualizada sobre la tasa de homicidios, hurto a personas, hurto de en automotores y motocicletas, hurto a comercio; crear matrices de procesamiento de información; elaborar un manual para la concertación y puesta en marcha de las alarmas comunitarias; diseño y asesoría para la implementación de acciones para la incautación de armas de fuego, así como construir una estrategia de comunicaciones´. En resumen, el alcalde Carlos Caicedo le entregó toda la estrategia de seguridad de la ciudad a la recién creada fundación de León Valencia dejando en un segundo plano las tareas que desarrollan los entes de seguridad del estado como son la fiscalía, CTI o Policía Nacional.
Sin embargo, la situación de inseguridad en Santa Marta nunca cambió y las famosas alarmas comunitarias no son conocidas por las comunidades. Una muestra de ello son las continuas denuncias que hacen los ciudadanos por los robos que suceden en los distintos barrios de la capital del Magdalena.
Para la vigencia 2015 la Fundación Paz y Reconciliación nuevamente mordió el presupuesto de la ciudad de Santa Marta, esta vez a través del contrato número 012 del 01 de abril de 2015, por valor de $705 millones. El objeto contractual: “aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el funcionamiento del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana, que brinde conceptos técnicos para la implementación de políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana que permitan prevenir y enfrentar las diferentes formas del delito en el marco del proceso de paz y el posconflicto”.
Y LOS DE AHORA
En el año 2016 nuevamente la Fundación Paz y Reconciliación se hace acreedora de otro contrato, el 006 del 15 de abril de 2016, por valor de $628 millones y cuyo objeto contractual fue: “Aunar esfuerzos para la construcción de diferentes procesos de planeación e implementación de políticas públicas de seguridad y convivencia, control social´.
La amistad de León Valencia con las Alcaldías de Santa Marta ha trascendido en el tiempo; a través de una de sus colaboradoras en su fundación, la actual Secretaria de Seguridad, Priscilla Zúñiga, ha logrado nuevos contratos con el actual alcalde Rafael Martínez: uno de ellos es el contrato 009 del 11 de mayo de 2017 por valor de $5.50 millones con el objeto de “Aunar esfuerzos a través del acompañamiento en la gestión de los diferentes procesos de la seguridad y la convivencia en el Distrito de Santa Marta por medio de la construcción e implementación de diferentes herramientas y estrategias de política pública”.
