Por Lina Maria Peña
En las últimas horas se conoció que la fiscalía general de la nación, presentará imputación de cargos por los delitos de falsedad en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, entre otros, por el escándalo de presunta corrupción en la contratación con el establecimiento de comercio “el manicomio de los precios” en el que se debía entregar la dotación al personal administrativo de la secretaría de educación de Santa Marta.
Según el órgano acusador, existe un material probatorio abundante que permite inferir que en dichos contratos hay un claro detrimento a los intereses económicos del Distrito de Santa Marta y por consiguiente quienes participaron en calidad de supervisor y liquidador del mencionado contrato deberán asumir las responsabilidades penales a que haya lugar.
El contrato cuestionado es el 006 de 2016, cuyo objeto era la dotación de ropa a los funcionarios de la Alcaldía y el monto del mismo fue de 840 millones de pesos.
El contrato fue adjudicado al establecimiento “el manicomio de los precios”, representado por la señora Carmen Paternina Pacheco, sobre quien actualmente recae una medida de aseguramiento constitutiva en detención domiciliaria que le fue impuesta en febrero pasado.
Ahora la fiscalía, se centró en quienes fueron los responsables de que ejecutara el presunto peculado, la falsedad en documento público y el contrato sin el lleno de los requisitos legales y por ésta razón, es que se le imputarán los delitos relacionados, pero además se solicitará medida de aseguramiento a la señora Ingris Mirelda Padilla en su condición de supervisora y secretaria general de la época.
Como es de dominio público, la señora Ingris Padilla se encuentra en la terna para reemplazar al detenido Alcalde Rafael Martínez por presuntos casos de corrupción, situación para la cual ya habría realizado la entrevista ante la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, incluso firmó un documento por la transparencia y la lucha contra la corrupción, sin embargo este hecho judicial donde se habla de delitos graves en contra de la administración pública, darían al traste con sus pretensiones y de paso se da pie para que la terna de fuerza ciudadana sea devuelta por inconveniente.
Otra de las personas que se encuentra inmersa en el caso del “manicomio de precios” es la exalcaldesa (E) Jimena Abril, en razón a que habría liquidado el contrato sin que se revisara que el mismo hubiese ejecutado de forma ajustada a las normas legales, con base en ello la fiscalía la llama en calidad de cómplice en los delitos que para la fiscalía fueron transgredidos.
La audiencia está programada para la 3 y 30 de la tarde y se esperan que las medidas sean acogidas por el juez de la causa.
