La indemnización deberá ser depositada en Fondo para la Protección de los Derechos Colectivos con el fin de pagarles a las familias de los niños
El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia el pago de más de $25.000 millones a los familiares de los 33 niños que murieron quemados en un bus de servicio público el 18 de mayo de 2014 en el municipio de Fundación (Magdalena). En total iban 46 menores de edad en el bus cuando explotó, matando instantáneamente a 33 de los niños, mientras los otros 13 quedaron lesionados.
Según el fallo, el recurso deberá ser entregado al fondo para la protección de los derechos colectivos a fin de pagarles a los integrantes de los grupos de familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes.
El tribunal argumentó que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es responsable de la tragedia porque asumió el rol de garante de la movilización de los menores. Señalaron que esta acción se hizo sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes, y no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos.
“Esto con el agravante de que se trataba de un transporte de niños, que muchos de ellos escasamente alcanzaban los 5 años de edad, lo que requería un especial cuidado en su custodia, medidas que evidentemente no se atendieron y allí que se deba ordenar la reparación de los perjuicios materiales y morales que se causaron en este hecho tan lamentable”, dice la sentencia.
Hay que recordar que la tragedia ocurrió porque los niños salieron de una clase de evangelización en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de Fundación, que era liderada por el pastor evangélico Manuel Salvador Ibarra, quien contrató el vehículo.
Testigos aseguraron que el vehículo se prendió en llamas y explotó a la altura del barrio Altamira y esto se notó porque el estruendo se escuchó en la zona, sin embargo, nadie pudo hacer nada. Niños entre 2 y 12 años no pudieron huir, y solo unos pocos lograron salvarse, pero terminaron con heridas de gravedad.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el bus no estaba en condiciones óptimas para transportar personal, mucho menos, menores de edad. Así mismo, se reveló que el vehículo tampoco tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni la revisión técnico mecánica al día.
Teniendo eso en cuenta, las autoridades responsabilizaron por la tragedia a Jaime Gutiérrez Ospino, conductor del bus, y a Ibarra, por haber contratado el vehículo. El religioso fue imputado por homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo, y se le condenó a una pena de 10 años de prisión, sin embargo, no la terminó de pagar porque el 6 de mayo de este año murió a causa del covid-19.
Ibarra repitió en varias ocasiones que todo fue un accidente, y argumentó que nunca hubiese querido que sucediera una tragedia de ese tipo, sobre todo teniendo en cuenta que su hija estaba dentro del bus y también murió. A pesar de esto, el juez no lo exoneró de su responsabilidad, y aseguró que lo que había hecho fue una imprudencia.
El caso seguía vigente porque los afectados demandaron a la Iglesia Pentecostal, al Ministerio de Transporte (MinTransporte), a la Policía Nacional y al municipio de Fundación y el Distrito de Barranquilla (Atlántico) para que respondiera por los perjuicios. Al final, se resolvió que el grupo religioso era el único con responsabilidad por la tragedia, razón por la que las otras entidades mencionadas fueron absueltas en la sentencia.
