Jorge Luis Alfonso López, uno de los hijos de la cuestionada empresaria del chance Enilce López, pidió que su caso pase a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y anunció que entregará información clave a esa jurisdicción.
El exalcalde de Magangué (Bolívar), condenado a 29 años de cárcel por el homicidio del periodista Enrique Prins Velásquez en febrero de 2005, firmó los documentos para acogerse a la justicia transicional, los cuales fueron radicados ante la Secretaría de la JEP.
El exmandatario local aseguró que va a contar toda la verdad sobre su participación en el conflicto armado y pide protección de las autoridades ante la gravedad los señalamientos que hará.
“Quiero manifestarles que he estado involucrado en el conflicto armado, de manera directa e indirecta, por lo que en este momento de transformación social quiero contribuir a la paz, reconociendo mi responsabilidad en hechos penosos, lamentables en los que me vi involucrado y lo haré contando la verdad, confesando situaciones en las que tuve participación y dando a conocer los nombres y forma de participación de otras personas que también estuvieron involucradas en hechos del conflicto armado y que hasta ahora nada o muy poco se conoce de los mismos”, indicó el condenado en su carta firmada en una celda en Sabanalarga (Atlántico).
Añadió que tiene información valiosa que entregará al momento de ser llamado en la JEP. “Es de tanta trascendencia la información que voy a proporcionar que desde ya solicito protección para mi familia y el suscrito”, indicó.
Alfonso López fue capturado el 2 de agosto de 2012 por decisión de un fiscal de derechos humanos que ordenó su detención para responder en indagatoria por el homicidio de Prins Velásquez. Así mismo, fue vinculado al crimen de Hamil Kasser Alí, cometido en Magangué en febrero de 2004.
Kasser Ali, en esa época era contratista de la Administración Municipal de Magangué, y, según la investigación, existían contratos que no le habían cancelado, los cuales estaba cobrando. En contra de Alfonso López pesa el testimonio de una menor de edad, presuntamente vinculada con grupos al margen de la ley que presenció una reunión en la que, según dijo, el alcalde dio la orden para perpetrar el crimen.
