El Gobierno de Gustavo Petro volvió a generar polémica tras ordenar la suspensión de las órdenes de captura, incluso con fines de extradición, contra 29 cabecillas del Clan del Golfo para permitir su traslado hacia zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó.
La decisión hace parte del proceso de paz que adelanta el Ejecutivo con esa estructura criminal y autoriza movilizaciones de los integrantes del grupo armado bajo coordinación estatal. Además, el Ministerio de Defensa deberá garantizar la seguridad de los cabecillas durante los desplazamientos previstos para el próximo 25 de junio.
La medida ha despertado fuertes críticas porque mientras las comunidades siguen enfrentando extorsiones, violencia y control territorial de grupos ilegales, el Estado termina facilitando la movilidad y protección de algunos de sus principales jefes criminales.
Según la resolución, cualquier desplazamiento deberá estar relacionado con actividades del proceso de paz, incluyendo reuniones, coordinación y consultas internas. También se ordenó informar a la Fiscalía para aplicar la suspensión de las capturas conforme a las normas vigentes.
El episodio vuelve a encender el debate alrededor de la “Paz Total”, una estrategia cuestionada por sectores que consideran que el Gobierno ha terminado otorgando beneficios y margen de maniobra a estructuras criminales sin resultados claros en materia de seguridad.
Mientras el Ejecutivo insiste en defender el diálogo como camino para reducir la violencia, crecen las críticas por decisiones que muchos interpretan como concesiones excesivas a grupos armados que siguen sembrando miedo en varias regiones del país.
