Redacción: Anii Segrera
Recientemente se reveló que, a diferencia de lo anunciado inicialmente por la Superintendencia de Servicios Públicos, liderada por Dagoberto Quiroga, y por el exagente interventor de Air-e, Carlos Diago, la deuda por opción tarifaria de energía no fue eliminada. Aunque se aseguró a los usuarios que el millonario monto dejaría de cobrarse, la realidad es que la deuda solo fue refinanciada, extendiendo el plazo de pago y aplicando una reducción en el monto mensual de los recibos, sin embargo, ahora también incluye intereses.
Esta deuda corresponde a las facturas de energía congeladas durante la pandemia de COVID-19, que inicialmente iban a ser canceladas en un plazo de tres meses por parte de los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira. No obstante, la resolución 101 028 de 2023 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) extendió este plazo a diez años, el máximo permitido por dicha normativa.
Para finales de agosto, Air-e informó que la deuda acumulada alcanzaba los 382 mil millones de pesos. Si bien la medida busca reducir el impacto mensual en los recibos de energía, se incluye una tasa de interés definida por la CREG. Esta tasa es variable y depende de la tasa mensual ponderada de los créditos obtenidos por el comercializador minorista para financiar los saldos de la opción tarifaria.
Esta decisión ha generado inquietud entre los usuarios de los departamentos afectados, quienes ahora tendrán que asumir el pago de esta deuda durante una década y bajo condiciones de financiamiento que implican intereses adicionales.
