Un fuerte despliegue militar cerró los accesos a la morgue de Bello Monte que comenzó el lunes en la noche. Funcionarios militares indicaban que se trataba de un tema “de seguridad de Estado”, y había una razón: el cadáver del ex inspector del Cicpc Óscar Pérez permanecía allí desde el lunes a las 6:30 p.m. se conoció de forma extraoficial.
Un empleado de la morgue, que pidió reservar su identidad, informó que, sobre el posible reclamo, que aún no se había producido por parte de familiares de Pérez, existía “una orden del gobierno: aplicar similar procedimiento que el de José Antonio “El Picure” Tovar Colina (ocurrida en mayo de 2016) cuyo cadáver fue cremado para no entregárselos a sus deudos”.
Sin embargo, Danahis Vivas, esposa del expolicía, pidió al gobierno desde el exterior que le dé acceso a la identificación del cadáver. “La familia exige al gobierno de Venezuela que permita identificar el cuerpo de Óscar Pérez. No autorizamos su cremación”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.
Uno de los 6 cuerpos ingresados junto con el de Pérez fue entregado a sus familiares. Se trata de José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Los parientes no quisieron hablar con la prensa.
El hermetismo persistió en la medicina forense. Nadie comentaba la operación policial que culminó con la muerte del ex jefe de Operaciones de la División Aérea y Brigada de Acciones Especiales del Cicpc y de sus otros seis acompañantes, ni tampoco de la muerte de Henkel Vásquez, líder del colectivo Las Tres Raíces de la parroquia 23 de Enero durante la misma acción, en la urbanización El Araguaney situada en el kilómetro 16 de El Junquito.
