Más de $38 mil millones generados por los parques naturales de Santa Marta no se reinvierten en las comunidades aledañas, lo que despierta la preocupación de los ciudadanos y autoridades locales.
La situación es alarmante para los habitantes de Santa Marta: los millonarios recaudos económicos provenientes del Parque Tayrona y del Parque Sierra Nevada, que ascienden a más de $38 mil millones, no están beneficiando a las comunidades que rodean estas importantes reservas naturales. En cambio, estos recursos se transfieren directamente a la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales en Bogotá, dejando a los samarios con las manos vacías.
Jennifer del Toro, Alta Consejera de Paz y Posconflicto del Distrito, ha confirmado esta situación en entrevista con el Hoy Diario y la ha considerado un tema crucial que debe ser discutido en los diálogos socio jurídicos que adelanta el Gobierno Nacional. Estos diálogos, liderados por el Alto Comisionado de Paz, buscan una transformación integral de los territorios, y en este contexto, la revisión de la gobernanza ambiental de la Sierra Nevada es fundamental.
“Necesitamos discutir cómo la riqueza generada por el turismo, especialmente el ecoturismo, se reinvierte en las comunidades locales. Este proceso debe ser parte de la implementación del acuerdo de paz y la reforma rural integral”, afirmó Del Toro. Ella enfatizó que el ecoturismo no solo es una oportunidad económica, sino también una forma de preservar las riquezas naturales y culturales de la región.
El Parque Tayrona ha recibido este año más de 637,000 visitantes, quienes pagan un ingreso promedio de entre $40,000 y $60,000. A pesar de estos altos números, los recursos generados no se distribuyen en las comunidades rurales que enfrentan problemas de violencia y marginalización. “La inacción en este tema es inaceptable. Proponemos un mecanismo al Gobierno Nacional para asegurar que estos recursos se reinviertan en las comunidades aledañas, convirtiendo estas áreas en destinos de paz”, subrayó del Toro.
La preocupación de la comunidad se agrava por el hecho de que la ley que estableció los parques no permite que el distrito de Santa Marta participe en la administración de estos recursos, limitando así su capacidad para generar bienestar local.
