La justicia ordenó a la Alcaldía de Santa Marta y a Essmar avanzar en un proyecto para mejorar el alcantarillado en Bastidas, Fundadores y Chimila, tras reconocer afectaciones a la salud pública y al saneamiento básico.
Durante más de cuatro décadas, miles de familias de los barrios Bastidas, Fundadores, Chimila I y Chimila II, en Santa Marta, han convivido con aguas residuales, malos olores y un sistema de alcantarillado colapsado. Ahora, una decisión judicial podría marcar un antes y un después para estas comunidades del nororiente de la ciudad.
Un juez ordenó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta y a la Empresa de Servicios Públicos Essmar E.S.P. adelantar las acciones necesarias para formular, contratar y ejecutar un proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en estos sectores populares.
La sentencia, considerada histórica por líderes sociales y habitantes de la zona, reconoce la vulneración de derechos colectivos relacionados con la salud pública, el ambiente sano y el acceso al saneamiento básico. Además, obliga a las entidades responsables a iniciar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para poner en marcha las obras.
Comunidades esperan acciones concretas
El fallo también contempla la conformación de un comité de verificación integrado por representantes del Ministerio Público, entidades nacionales y actores comunitarios, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
La decisión judicial llega en un momento clave para la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, ya que la comunidad espera que tanto la Alcaldía como Essmar no apelen la sentencia dentro del plazo legal de 10 días y, por el contrario, asuman el fallo como el inicio de una transformación histórica para estos barrios afectados.
Los habitantes aseguran que el colapso del alcantarillado ha generado durante años problemas de salud, contaminación ambiental y deterioro en la calidad de vida de cientos de familias.
Líderes sociales celebran la decisión
La Acción Popular fue impulsada por Víctor Hugo Segura Correa y Helder Fabián Castañeda Jolianes, quienes lideraron el proceso judicial en defensa de las comunidades afectadas.
De igual manera, líderes comunitarios y coadyuvantes, entre ellos Juan José Vargas Lobato, jugaron un papel fundamental en la visibilización de la problemática y en la presión ciudadana para exigir soluciones definitivas.
Ahora, las comunidades esperan que el fallo no quede en el papel y que finalmente se ejecuten obras que permitan superar una crisis sanitaria que por décadas ha afectado a miles de habitantes en el nororiente de Santa Marta.
