Por: Vanessa Milena Bermúdez-@LaBermúdez
Casi profético
Como era predecible, hoy una vez más se aplazó la audiencia a la que estaban citados el ex alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez sujetos sub judice, por presunta corrupción en la celebración de contrato y peculado por apropiación.
A pocos días de cumplirse un año de haberse librado orden de captura contra Caicedo y Martínez por casos relacionados con obras de infraestructura inconclusas que se habrían pagado de forma anticipada y que no tendrían la adecuada supervisión; hoy nuevamente la ciudad ha sido escenario de una solicitud de aplazamiento que vuelve a dilatar este proceso. Esta vez el aplazamiento fue requerido por el mediático apoderado Iván Cancino, supuestamente por motivos de salud y acogida por la Jueza Encargada, Mónica Patricia Vivas Guerrero.
Esta es la segunda vez que se produce un aplazamiento estando encargada del Juzgado Octavo Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías, la funcionaria Vivas Guerrero, quien hacia el año 1998 fungiera como Personera Distrital, durante la administración de Hugo Gnecco. Hay que señalar que el titular de ese despacho es el Juez Alexander Vila Farelo.
En vista de que al pasar la hora fijada para la diligencia, no se hicieron presentes en el Edificio Galaxia ni el ex alcalde, ni el alcalde, ElArtículo.co se acercó a la oficina del juzgado en busca de una explicación, a lo cual dos funcionarios presentes respondieron que la diligencia estaba adelantándose en la sala de audiencias 323 de ese edificio.
Nos dirigimos de inmediato a la sala y al llegar en el recinto solo se encontraba la Jueza encargada Mónica Patricia Vivas Guerrero, quien al ser cuestionada sobre la audiencia, su posible aplazamiento y las causas del mismo, respondió de manera cuestionablemente evasiva y áspera. Casi reticente.
La seguimos hasta su despacho y una vez más le preguntamos quién fue el solicitante y el motivo del aplazamiento y la hostilidad de la funcionaria llegó al punto de exigirnos apagar el celular, orden que fue apoyada por uno de los oficiales mayores del juzgado; pero que no lograron sustentar legalmente.
Para refrescar la memoria
Como se recordará este es un proceso que viene registrando un aplazamiento tras otro desde hace casi un año, cuando la Fiscalía General de la Nación dentro de la política del Plan Bolsillos de Cristal, anunciara mediante comunicacdo que imputaría al exalcalde y alcalde de Santa Marta (Magdalena), Carlos Eduardo Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, respectivamente, junto con cuatro personas más, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. A estas personas se les investiga por las posibles irregularidades cometidas en la demolición y construcción de cinco puestos de salud del distrito.
Caicedo “El Demoledor”
Según la investigación, coordinada por la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena en el caso del ex alcalde, se presume que suscribió un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó en su mandato fue el de Bastidas.
Rafa, en lo público el fin no justifica los medios
Tanto el ex mandatario como el actual alcalde serán señalados, ante el juez de control de garantías de Santa Marta, de presuntas irregularidades en dos contratos: El primero de ellos, No.004 del 18 de noviembre de 2014 (10 meses de término) que fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS, para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de $6.532.759.000, en el cual se detectó el incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a los cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000).
En el caso del alcalde Martínez, se le investiga por su participación en toda la etapa precontractual y la suscripción del contrato No. 007 de 2016. Este contrato fue celebrado entre la Alcaldía de Santa Marta y la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de los centros de salud: La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de $5.863.789.000, dentro del cual se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la obtención extemporánea del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud, fue otorgado cuando se encontraba en plena ejecución; además se determinó que la licencia de construcción también se solicitó extemporáneamente.
¿Qué fue del anticipo y la supervisión?
Dentro del precitado contrato, se pagó un anticipo correspondiente al 40%, por valor de $2.345’515.000, estableciendo a través de dictamen pericial, que a fecha 3 de octubre de 2017, del mismo, solo se había ejecutado la suma de $568.660.111, que además fue destinada para la adquisición de elementos diferentes a su objeto, tales como equipos y otro tipo de material de construcción.
